El Gobierno de Guerrero aseguró que la detención del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, no obedece a una persecución política ni a las recientes movilizaciones sociales, sino a una carpeta de investigación iniciada desde 2021.
En entrevista, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, afirmó que la integración y resolución de la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales y judiciales, por lo que el gobierno estatal no intervino en el proceso.
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El funcionario habla sobre la detención del líder indígena
El funcionario explicó que el día de la detención se encontraba en la región de La Montaña acompañando una gira de trabajo con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, así como con representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Rodríguez Cisneros reveló que ese mismo día recibió una llamada telefónica de Jesús Plácido Galindo para solicitar una reunión, como había ocurrido en otras ocasiones; sin embargo, le informó que permanecía en La Montaña y que no existía ningún acuerdo previo para encontrarse.
"Con Jesús Plácido siempre mantuvimos una relación institucional basada en el respeto y el diálogo. Las reuniones eran parte de la atención que el Gobierno del Estado brinda a las organizaciones sociales y a sus planteamientos", expresó.
La investigación contra Plácido inició en 2021
El subsecretario recordó que desde 2021 sostuvo diversas reuniones públicas y privadas con el dirigente del CIPOG-EZ e integrantes de esa organización, por lo que afirmó que el gobierno estatal desconocía la existencia de la carpeta de investigación que derivó en su captura.
Asimismo, sostuvo que, de acuerdo con la información difundida por las autoridades competentes, la investigación se originó por hechos registrados en 2021 y no por las movilizaciones recientes ni por la actividad política del dirigente indígena.
Rodríguez Cisneros reiteró que la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mantiene como política la atención de los conflictos sociales mediante el diálogo y aseguró que no se criminaliza la protesta social ni se utilizan las instituciones para perseguir a organizaciones o activistas.
Finalmente, señaló que serán las autoridades competentes las que determinen la situación jurídica de Jesús Plácido Galindo y reiteró que el Gobierno de Guerrero mantendrá abiertos los canales de comunicación con todas las organizaciones sociales, privilegiando el diálogo, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.
AH
