La diputada local por Morena, Marisol Bazán Fernández, planteó la necesidad de revisar la nomenclatura de calles, avenidas, colonias y espacios públicos de Guerrero, con el propósito de evitar que lleven los nombres de personajes cuya actuación desde el poder haya quedado vinculada con graves episodios de represión, violaciones a los derechos humanos o hechos que lastimaron profundamente a la sociedad guerrerense.
La legisladora consideró que los espacios públicos también representan una forma de memoria colectiva y que, por ello, el Estado no debería rendir homenaje mediante su nomenclatura a quienes hayan sido señalados por su responsabilidad política o institucional en acontecimientos que dejaron víctimas y heridas aún abiertas.
De Figueroa Alcocer a Aguirre Rivero: las administraciones y casos donde se han violado derechos humanos
Entre los casos que servirían como referencia se encuentra el del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, cuya administración de tres años quedó marcada por la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, cuando policías estatales asesinaron a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez.
La gravedad del caso llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a determinar que en los acontecimientos de Aguas Blancas existió una violación grave de garantías individuales y señaló como responsables, entre otros funcionarios, al entonces gobernador Figueroa Alcocer y a varios integrantes de su administración.
Para Bazán Fernández, mantener en calles, avenidas o colonias los nombres de personajes asociados con episodios de esa naturaleza representa una contradicción frente al deber de preservar la memoria de las víctimas.
Otro suceso que forma parte de esta memoria es la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998 en el municipio de Ayutla de los Libres, durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero.
Un operativo militar en la comunidad dejó 11 personas muertas y, posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó graves violaciones a los derechos cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que participaron en el operativo y en actuaciones posteriores.
Aunque la responsabilidad institucional de los hechos de El Charco corresponde a los elementos y autoridades que participaron directamente en el operativo, el episodio ocurrió durante la administración de Aguirre Rivero, quien había asumido la gubernatura después de la salida de Figueroa Alcocer.
La trayectoria posterior de Aguirre volvió a quedar bajo escrutinio por el caso Ayotzinapa. En agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvo y posteriormente un juez federal le impuso prisión preventiva por acusaciones relacionadas con desaparición forzada y ocultamiento de evidencia del caso de los 43 estudiantes normalistas.
Se trata de acusaciones que deberán seguir su curso ante las autoridades judiciales y respecto de las cuales existe una defensa que las controvierte.
“La memoria no puede ser selectiva”
En ese contexto, la propuesta de Bazán Fernández buscaría abrir una discusión más amplia: "¿A quiénes debe recordar Guerrero en sus espacios públicos?"
La diputada plantearía que los ayuntamientos y el gobierno estatal realicen una revisión de la nomenclatura existente y establezcan criterios para impedir homenajear a personas vinculadas con violaciones graves a los derechos humanos.
La discusión no se limitaría a los nombres de Figueroa Alcocer y Aguirre Rivero. También podría abarcar a otros personajes de la historia política de Guerrero cuya actuación ha sido objeto de cuestionamientos públicos o investigaciones relacionadas con represión, violencia política o abusos de autoridad, siempre distinguiendo entre una acusación, un señalamiento político, una investigación y una responsabilidad legal acreditada.
En ese contexto histórico aparece también Rubén Figueroa Figueroa, exgobernador de Guerrero y padre de Figueroa Alcocer, cuya administración estuvo vinculada a la denominada Guerra Sucia de los años 70.
La CNDH ha documentado graves violaciones a derechos humanos cometidas durante ese periodo y, en su Recomendación 98VG/2023, abordó la violencia política ejercida contra población y militantes durante aquellos años.
De hecho, el planteamiento de revisar los homenajes públicos tiene ya un antecedente institucional.
En 2025, la CNDH llamó al Congreso y a las autoridades de Guerrero a revisar la conmemoración de personajes vinculados con la represión, y solicitó, expresamente, gestionar que la nomenclatura de calles, monumentos, escuelas y otros lugares públicos que refieran a perpetradores señalados sea revisada desde una perspectiva de memoria histórica y respeto a las víctimas.
ksh
