En Gómez Palacio, Durango, de entre 38 a 45 centros de rehabilitación y tratamiento contra las adicciones, sólo uno ha obtenido el reconocimiento oficial por parte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), dependencia de la Secretaría de Salud federal que evalúa y certifica a establecimientos que cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, que regula la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
El único centro en la región lagunera de Durango con este reconocimiento es 'Villa Jardín A.C.', ubicado en la colonia La Esperanza, el cual fue evaluado durante más de un año por el área de Establecimientos Residenciales de la Conasama.
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Según Joel García García, secretario de la Federación de Centros de Tratamiento para las Adicciones del Estado de Durango (FECETAED), el cumplimiento normativo es complejo, pues los centros deben garantizar condiciones de infraestructura adecuadas, un modelo de tratamiento definido, personal calificado y la protección de los derechos humanos de los usuarios.
García recordó que en años anteriores se contabilizaban hasta 60 centros en Gómez Palacio, también conocidos como “anexos”; sin embargo, en el último año han sido clausurados entre 10 y 12 debido a irregularidades, principalmente por maltrato y violaciones a los derechos humanos.
“Antes cualquiera podía abrir un centro y retener a las personas incluso en contra de su voluntad. Eso generaba ingresos considerables para los directores. Hoy ya no es tan fácil”, afirmó.
Actualmente, para la apertura de un centro se exige contar con un responsable médico con cédula profesional, un plan de contingencia aprobado por Protección Civil, instalaciones con rutas de evacuación visibles, expedientes clínicos conforme a la NOM-004-SSA3-2012 y alimentos de calidad, entre otros requisitos.
Además, se requiere definir el modelo de tratamiento. En México predominan dos: el de Ayuda Mutua —basado en el apoyo entre pares con experiencias compartidas— y el Modelo Mixto, que integra profesionales de la salud como médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Sin embargo, García advierte que algunos centros declaran operar bajo el modelo de Ayuda Mutua cuando en realidad no cumplen con criterios básicos de dignidad y legalidad.
El también director de 'Villa Jardín A.C.' relató que, para obtener el reconocimiento, se sometieron a un proceso de evaluación de más de un año, durante el cual debieron subsanar observaciones relacionadas con derechos humanos.
“Verifican que los usuarios tengan una cama, una alimentación adecuada, que no haya castigos físicos ni encierros prolongados. Se busca erradicar las malas prácticas”, explicó.
El reconocimiento tiene una vigencia de tres años, del 14 de abril de 2025 al 14 de abril de 2028, e incluye beneficios como apoyos económicos. En este caso, el centro podrá otorgar entre 15 y 19 becas anuales, con un valor estimado de 40 a 45 mil pesos cada una. Actualmente, el centro tiene capacidad para 40 personas y alberga a 38 usuarios, principalmente hombres de entre 18 y 59 años.
Gracias al reconocimiento, instituciones como los CAPA (Centros de Atención Primaria en Adicciones) o el CECOSAMA (Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones) ahora canalizan pacientes directamente al centro, lo cual representa una mejora en la coordinación con el sistema de salud pública.
Entre las sustancias más consumidas por los usuarios del centro se encuentran metanfetaminas (cristal), opiáceos, cocaína, clonazepam y LSD.
Verificaciones por parte de Coprised Laguna
Por su parte, Jesús Rentería Maldonado, jefe regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED), informó que los centros son inspeccionados en dos rubros: infraestructura física y aspectos médicos.
En el ámbito físico, se verifica que no haya hacinamiento, que existan suficientes camas, sanitarios y condiciones mínimas de higiene. En visitas anteriores, encontraron casos alarmantes, como centros con más de 120 internos y sólo ocho baños. También se revisan rutas de evacuación, extintores, cocinas equipadas y espacios de esparcimiento.
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En lo médico, se exige contar con personal acreditado como médicos, psicólogos, nutriólogos y ejercitadores. Deben registrar cada caso con nota de ingreso, historia clínica y evolución médica conforme a la normatividad, además de contar con consultorios y mantener la confidencialidad de los expedientes.
Rentería recordó que entre 2020 y 2021, inspectores de Cofrepris realizaron verificaciones en la región y emitieron medidas de seguridad en cinco centros, las cuales aún siguen vigentes. Estas medidas buscan garantizar la integridad física y mental de los pacientes, así como la seguridad del personal.
edaa
