Las investigaciones sobre el conflicto en la Escuela Secundaria General “Centenario de la Revolución Mexicana” determinaron que no fue una riña entre dos alumnas, sino una agresión de una contra otra; además, no había antecedentes sobre problemas entre ambas involucradas, inclusive estaban identificadas como buenas estudiantes.
Lo anterior lo informó Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la Región Lagunera de Durango, quien reconoció la necesidad de intensificar acciones por parte de las autoridades educativas, pero también del resto de los involucrados, como los padres de familia.
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“Eso también nos convoca a que apretemos el paso, hemos hablado con ustedes, hemos hablado mucho con los padres, es una responsabilidad de todos, no es un tema solamente de la secretaría, nosotros no tenemos capacidad para tanto, tenemos diez mil quinientos grupos al mismo tiempo, no los podemos cuidar”.
Acciones educativas y limitaciones operativas
Agregó que, ante los hechos, la Subsecretaría de Educación actuó conforme al protocolo, apegado a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en donde se establece de manera explícita y clara hasta dónde la autoridad educativa puede intervenir en estos casos.
Reiteró que, dentro de sus alcances, está buscar separar a las involucradas, es decir, reubicarlas en instituciones educativas diferentes.
Uno de los principales malestares de los padres de familia fue la posible falta de capacidad de maestros para brindar los primeros auxilios; en este caso, Adame de León explicó que está en proceso un programa para que en cada escuela se cuente con un primer respondiente, una persona capacitada para responder a eventualidades; sin embargo, hasta el momento, solamente entre un 20 y un 30 por ciento de las escuelas cuenta con esta figura.
También está fuera de alcance la realización permanente y general del programa Mochila Segura, pues señaló que actualmente están activos diez mil 560 grupos y es complicado cumplir con los protocolos de protección a los derechos de los menores.
Procedimiento legal y seguimiento
Juan Francisco Ángeles Zapata, vicefiscal Zona 1 Laguna Durango, informó que desde el pasado jueves la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos en donde hubo la participación de dos adolescentes de trece años de edad al interior de una institución educativa; de acuerdo con el protocolo a seguir, hubo una primera intervención por parte de elementos de Seguridad Pública municipal de Gómez Palacio, quienes informaron al agente del Ministerio Público.
Por el momento, se llevan a cabo los protocolos específicos con la finalidad de salvaguardar y proteger los derechos de los adolescentes, para que, en su momento, el juez especializado en Justicia para Adolescentes determine cuál será el cauce del procedimiento.
Resaltó que el procedimiento para adultos y menores es distinto, como se señala en la Constitución Federal, así como en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México, la cual se aplica a personas de entre 12 y menos de 18 años que cometen delitos, bajo un enfoque educativo y de derechos humanos, buscando la reinserción social en lugar de castigo.
En ese sentido, mencionó que lo que sigue es que el juez determine las consecuencias para ambas partes. “Nosotros como Fiscalía, y sobre todo el agente del MP especializado, implementa los protocolos, le dio intervención a distintas autoridades como Procuraduría y DIF con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los adolescentes, y saber de fondo qué es lo que pasó, para en su momento emitir una resolución”, expresó.
Durante la mañana del viernes, Ángeles Zapata acudió a la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad en la presidencia municipal de Gómez Palacio, en donde se abordó este tema.
Entre los acuerdos establecidos para evitar una situación similar, fue la implementación de diversos mecanismos y acercamientos de todas las instituciones de seguridad.
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