El gobierno federal derogó el decreto que habilita a Loreto como “Puerto de Altura”, mismo que fue publicado el pasado 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que de inmediato provocó una serie de manifestaciones en rechazo a la medida, ya que alteraría los ecosistemas del Parque Nacional Bahías de Loreto, hogar de la ballena azul (Balaenoptera musculus), el animal más grande del planeta.
“Que el gobierno de México tiene el compromiso de atender las causas y dar respuesta a las demandas planteadas por las personas del municipio de Loreto, en el estado de Baja California Sur, así como el propósito de garantizar y brindar certeza jurídica y social a la ciudadanía respecto la protección y conservación del Parque Nacional Bahía de Loreto”, indica el nuevo decreto publicado en la edición vespertina del DOF, este 25 de mayo.
En el nuevo decreto, el gobierno federal reconoce que el Parque Nacional Bahía de Loreto constituye un área de alta relevancia ecológica, por lo que se establecerá una Mesa de Trabajo con el objeto de coordinar y elaborar la propuesta del nuevo instrumento por el que se realizará la regulación administrativa en materia de navegación, para establecer las restricciones, lineamientos y criterios que se ajusten a la normativa ambiental.
La mesa de trabajo estará integrada por una persona servidora pública de la Secretaría de Gobernación, quien la coordinará; además contará con una persona servidora pública tanto de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Turismo, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, éste último que fungirá como secretario técnico.
Además, se integrará una persona servidora pública de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V, del Ayuntamiento de Loreto, y por siete personas, reconocidas por su trayectoria en la defensa del Parque Nacional Bahía de Loreto y de las actividades que ahí se desarrollan, incluyendo ciudadanas y ciudadanos de Loreto y de los ámbitos académico, profesional, social, científico, cultural y turístico.
Se reconoce que el Parque Nacional Bahía de Loreto constituye un área de alta relevancia ecológica porque alberga una amplia diversidad de ecosistemas terrestres y marinos, así como numerosas especies de flora y fauna, incluyendo especies endémicas y sujetas a protección conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
Asimismo, en sus aguas y porción insular habitan diversas especies de mamíferos marinos y terrestres, entre ellas, ballena azul, ballena jorobada, cachalotes, delfines, lobo marino de California (Zalophus californianus) y el murciélago pescador (Myotis vivesi), consideradas de relevancia ecológica, ambiental y turística para la región.
Tráfico marítimo internacional
La habilitación de Loreto como “Puerto de Altura” abría la puerta al tráfico marítimo internacional a través de buques comerciales y megacruceros, con un potencial impacto de colisiones, contaminación acústica y alteraciones para toda la diversidad marina que habita en estos ecosistemas.
Por ello, tras la publicación del decreto, diversos sectores de la comunidad de Loreto manifestaron su rechazo al señalar que “un puerto de altura, orientado al tráfico marítimo internacional y de gran escala, es incompatible con esta vocación basada en la autenticidad, el carácter remoto, prístino y único del lugar”, donde el 80 por ciento de sus habitantes dependen del ecoturismo que se realiza en torno al avistamiento de la ballena azul y otros mamíferos marinos, además de pesca deportiva y el buceo recreativo, entre otras actividades.
Ayer, tras la abrogación del decreto, la Unión de Cooperativas Grupo Ballena Azul y Prestadores de Servicios Náuticos de Loreto, señalaron que este nuevo decreto representa una victoria ciudadana histórica para Loreto, una validación del movimiento social, un reconocimiento oficial de los riesgos ecológicos y sociales.
“La conclusión más importante es que el Gobierno Federal reconoció oficialmente que la modificación del 10 de abril de 2026 —que convertía formalmente a Loreto en puerto de “Altura y Cabotaje”— generó un conflicto social, ambiental y de legitimidad pública suficientemente fuerte como para tener que ser revertido”.
Además, indicaron que la abrogación del decreto del 10 de abril, detiene el fundamento legal que abría la puerta a operaciones marítimas de mayor escala, y reconoce implícitamente que el proyecto carecía de consenso social suficiente.
“Para el movimiento No al decreto, esto valida la narrativa de que: la comunidad sí tenía razón en exigir transparencia, sí existía riesgo ambiental y social, y sí era necesario detener el proceso antes de consolidarse”.
Destacan que el punto más importante es que el gobierno cambió el discurso, ya que el decreto original del 10 de abril hablaba principalmente de desarrollo marítimo y habilitación portuaria, y este nuevo decreto cambia completamente el enfoque y pone en el centro: la conservación del Parque Nacional Bahías de Loreto, su biodiversidad, las especies protegidas, el equilibrio ecológico, y la participación ciudadana.
“Eso es políticamente muy relevante porque el gobierno ya no habla de expansión portuaria como prioridad absoluta, sino de regulación ambiental y consenso social. En otras palabras: la narrativa ciudadana obligó al gobierno a moverse del discurso de infraestructura al discurso de protección ecológica y gobernanza social”.
El sábado 23 de mayo, tras la serie de protestas y mesas de trabajo, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, sostuvo una reunión informativa con autoridades del gobierno de México, en la que se anunció de manera formal la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de abrogar el decreto que declaraba a Loreto como puerto de altura y cabotaje, el cual permitía operaciones marítimas nacionales e internacionales.
Reiteró que este ejercicio demuestra el compromiso con el impulso de proyectos que generen bienestar económico para las comunidades, sin poner en riesgo el patrimonio natural del Golfo de California, privilegiando en todo momento la protección ambiental y marina.
“Loreto se escucha y se respeta”: Pancho Pelayo
Por su parte, el diputado federal Francisco Pelayo Covarrubias calificó como un logro de la resistencia civil la publicación del decreto que abroga la declaratoria de Loreto como puerto de altura, tras una serie de reclamos ciudadanos por el impacto ambiental en la región.
El acuerdo, publicado oficialmente en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), deja sin efecto la habilitación que permitía el arribo de embarcaciones de gran calado y ordena la creación de un nuevo plan de manejo para el Parque Nacional Bahía de Loreto.
Al fijar su postura, el legislador sudcaliforniano enfatizó que esta resolución es un triunfo de la transparencia sobre las decisiones tomadas de forma unilateral.
"Lo hicimos con firmeza, con responsabilidad y del lado de la gente, porque una decisión de esta magnitud no podía tomarse de espaldas a quienes viven, trabajan y defienden todos los días la Bahía de Loreto", declaró Pelayo Covarrubias, quien sostuvo que "Loreto se escucha, Loreto se respeta y Baja California Sur se defiende".
El decreto no solo cancela la operación de altura, sino que formaliza el compromiso de la Secretaría de Marina (Semar) para que no existan maniobras de zarpe, arribo ni fondeo de este tipo en la localidad.
Además, estipula que cualquier nueva regulación administrativa en materia de navegación deberá pasar por una mesa de trabajo técnica con representación social.
Sobre la mesa de trabajo realizada este fin de semana, donde participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, el diputado advirtió que no se debe bajar la guardia.
"La mesa de trabajo debe garantizar participación real, reglas claras y protección efectiva para el Parque Nacional, sin afectar la vida económica, turística y social de la comunidad", puntualizó.
Durante dicho encuentro, el clima social se tornó álgido cuando ciudadanos locales señalaron directamente a Narciso Agúndez, director de la Administración Portuaria Integral (API), como el principal promotor de la iniciativa ahora cancelada.
Ante los representantes gubernamentales, se solicitó formalmente declarar al funcionario como "persona non grata", subrayando el rechazo de la comunidad a proyectos que comprometan el ecosistema marino de la zona.
LG
