El Gobierno de Tamaulipas sostuvo un encuentro con familiares de las víctimas de la masacre ocurrida el 5 de septiembre de 2019 en Nuevo Laredo, donde acordó implementar un plan integral de reparación del daño. El compromiso incluye apoyo médico, psicológico, becas educativas y ayudas sociales, con el objetivo de garantizar justicia y atención digna a quienes perdieron a sus seres queridos durante el lamentable hecho.
¿Qué medidas contempla el plan de apoyo a las víctimas?
Durante la reunión celebrada en las instalaciones de Estación Palabra, autoridades estatales y familiares de las víctimas dialogaron sobre los mecanismos para garantizar la reparación integral.
El subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, explicó que el plan contempla atención médica y psicológica para las víctimas indirectas, así como becas y apoyos alimentarios para los familiares. Además, se establecerá un proyecto de reparación integral que incluya compensaciones económicas por los daños sufridos.
¿Quiénes participaron en la reunión?
En el encuentro participaron funcionarios del Gobierno estatal, encabezados por Jorge Luis Beas Gámez y la comisionada estatal de Víctimas, Lorena Perales Salinas.
También asistieron Carolina González Maldonado, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, y Juan Ángel Martínez, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.
Por parte de las familias, el diálogo fue acompañado por Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien funge como representante y acompañante en las gestiones ante las autoridades.
¿Cuál es el objetivo del acuerdo?
El propósito central es cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre este caso, y con ello avanzar en el proceso de justicia y reparación del daño.
El Gobierno de Tamaulipas busca garantizar que las familias afectadas reciban no solo un reconocimiento del daño, sino también un respaldo real en materia de salud, educación y bienestar social.
De esta manera, el encuentro marcó un paso importante en la atención a las víctimas, mostrando la disposición del Estado para atender sus demandas y reconstruir la confianza entre las autoridades y la ciudadanía.
El compromiso asumido por las dependencias estatales representa un avance en la reparación moral y material de los familiares de las víctimas, quienes durante años han exigido justicia. El plan acordado busca no solo atender las consecuencias del hecho, sino también ofrecer herramientas para la reconstrucción de sus vidas.
