La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación en torno al grupo de creadores de contenido para redes sociales que fueron captados manipulando de forma indebida la Bandera Monumental de Iguala. El hecho generó una profunda indignación social tanto en el estado de Guerrero como a nivel nacional.
De acuerdo con información obtenida por este medio, las indagatorias del Ministerio Público de la Federación no fueron iniciadas de oficio por la institución, sino que se derivaron de una denuncia formal interpuesta ante las autoridades correspondientes.
Como parte de las primeras diligencias, la representación federal comenzó a citar a declarar a testigos considerados clave para esclarecer bajo qué términos se permitió el acceso a la enseña nacional y delimitar la identidad de quienes participaron de forma material en las grabaciones.
Descontento en la "Cuna de la Bandera"
La controversia escaló luego de que se viralizaran diversos videos en plataformas digitales donde se observa a varios influencers sosteniendo, arrastrando e interactuando directamente con el lábaro patrio en la explanada del Cerro del Tehuehue, uno de los símbolos históricos más protegidos de la cabecera municipal, conocida por su herencia histórica como la Cuna de la Bandera Nacional.
Las imágenes provocaron una ola de rechazo por parte de colectivos ciudadanos y organizaciones civiles de la región, quienes señalaron que utilizar un símbolo patrio para monetizar o generar interacciones en plataformas de entretenimiento constituye una falta grave de respeto a la identidad nacional.
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Las sanciones contempladas por la ley
Tras formalizarse la denuncia, los agentes ministeriales iniciaron el acopio de pruebas técnicas para determinar si los involucrados incurrieron en violaciones explícitas a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Dicho marco normativo regula estrictamente los honores, el uso y las características de las insignias del Estado mexicano, contemplando sanciones que van desde multas económicas sustanciales hasta arrestos administrativos. El expediente de la FGR también busca establecer si existieron responsabilidades de carácter administrativo o penal por parte de los funcionarios o custodios que facilitaron el manejo de la macrobandera para fines estrictamente particulares.
