La Bancada Independiente en el Congreso Local interpuso una iniciativa en la Oficialía de Partes para ejercer reformas en el Código Penal del Estado y con ello endurecer las penas para los prestadores de servicio taxi o Uber que cometan un delito.
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Jorge Blanco, diputado independiente, sostuvo que la iniciativa busca dar de cinco a 12 años de prisión y una multa de 2 mil a 5 mil Unidades de Medida de Actualización (UMA) a quienes priven de la libertad o lastimen a los usuarios del transporte público, específicamente autos de alquiler.
“Hay un capítulo que es Delitos contra la Seguridad Pública, lo que estamos proponiendo es agregar un capítulo ocho a esta sección del Código Penal para proteger a los usuarios del transporte público.
“De lo que consta la iniciativa es reformar el artículo 177, agregar un Bis. 4 con siete fracciones en la cual le estamos dando una seguridad al usuario de que se castigará desde uno a 12 años de prisión cuándo el que preste el servicio carezca de concesión, carezca de licencia e inclusive participe en hechos de la privación ilegal de la libertad”, dijo.
Además, resaltó que la iniciativa también contempla dar de uno a 4 años de prisión y multa de 100 a 400 UMAS a quien preste el servicio careciendo de concesión, constancia o certificado vehicular otorgado por el Estado, así como quien no cuente con licencia para dicho fin.
Otro de los puntos a resaltar es dar penas de 3 a 8 años de prisión y multa de 300 UMAS a quien rente el servicio de taxi en modalidad de alquiler, careciendo de la concesión otorgada por el Estado.
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De igual forma a quienes renten o presten el servicio de transporte privado vía internet careciendo de constancia o certificado vehicular (como Uber).
