Tres entidades federativas concentran prácticamente una de cada dos investigaciones que la Fiscalía General de la República inició en México por delitos relacionados con hidrocarburos. Entre enero de 2023 y mayo de 2026 se abrieron 29 mil 627 carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; de ese total, 12 mil 613 corresponden únicamente a Hidalgo, Puebla y Estado de México, lo que representa el 42.6 por ciento de la incidencia nacional.
Un análisis hecho por MILENIO con base en las Estadísticas de Incidencia Delictiva del Fuero Federal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló una concentración territorial, pues las otras 29 entidades comparten el 57.4 por ciento restante de las investigaciones.
Hidalgo encabeza ampliamente la lista nacional, toda vez que durante el periodo analizado acumuló 5 mil 193 carpetas de investigación, cifra que equivale al 17.5 por ciento del total de indagatorias registradas en el país es decir casi una de cada seis investigaciones iniciadas por este delito corresponde a esa entidad. Ningún otro estado alcanza un volumen similar de expedientes.
La segunda posición corresponde a Puebla, con 3 mil 832 carpetas de investigación, seguida por el Estado de México con 3 mil 588; la suma de estas tres entidades rebasa por sí sola las investigaciones registradas en cualquiera de las otras 29 entidades consideradas individualmente.
De este modo la diferencia entre el primer lugar y el resto también resulta significativa. Hidalgo supera en mil 361 investigaciones a Puebla y en mil 605 al Estado de México incluso por sí solo genera casi una quinta parte de toda la incidencia nacional registrada bajo esta legislación federal, una proporción que ilustra el peso que tiene la entidad dentro del fenómeno delictivo investigado por la Federación.
Detrás del grupo conformado por Hidalgo, Puebla y Estado de México aparecen Nuevo León con 2 mil 433 carpetas; Veracruz con mil 862; Jalisco con mil 514; Guanajuato con mil 505; Tamaulipas con mil 461; Tabasco con mil 418 y Querétaro con mil 276. Aunque estas entidades también presentan niveles relevantes de incidencia, la distancia respecto de los tres primeros lugares continúa siendo considerable.
Fenómeno activo
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también permiten observar la evolución del comportamiento nacional, ya que durante 2023 se iniciaron 8 mil 308 carpetas de investigación. Un año después el total descendió a 6 mil 715, lo que representó una reducción cercana al 19 por ciento. Sin embargo, la tendencia cambió nuevamente en 2025, cuando las investigaciones aumentaron hasta alcanzar 9 mil 467 carpetas, el volumen más alto de los últimos cuatro años.
Los primeros cinco meses de 2026 muestran que el fenómeno continúa con una elevada actividad investigadora. Entre enero y mayo se iniciaron 5 mil 137 carpetas de investigación en el país, cifra equivalente al 54.3 por ciento de todo lo registrado durante 2025. Aunque el año aún no concluye y no es posible anticipar el resultado anual definitivo, el volumen observado confirma que el delito mantiene una presencia importante dentro de la incidencia del fuero federal.
La concentración territorial también permanece prácticamente intacta durante 2026. Hidalgo continúa encabezando la estadística nacional con mil 481 carpetas de investigación abiertas entre enero y mayo. Puebla ocupa el segundo lugar con 591 y el Estado de México el tercero con 502. En conjunto suman 2 mil 574 investigaciones, poco más de la mitad de todas las iniciadas en el país durante los primeros cinco meses del año.
Comportamiento indica que la concentración entre 2023 y 2026 no responde únicamente a un año atípico, sino que constituye un patrón sostenido. A pesar de las variaciones anuales en el volumen nacional de carpetas, los tres estados permanecen invariablemente como el principal foco de investigaciones por delitos relacionados con hidrocarburos.
Debe precisarse que las cifras corresponden exclusivamente al número de carpetas de investigación iniciadas por las autoridades federales y no representan necesariamente el número de tomas clandestinas que se han detectado, personas detenidas o las sentencias condenatorias. Una carpeta constituye el inicio formal de una investigación ministerial y es el indicador estadístico empleado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para medir la incidencia delictiva registrada por las instituciones de procuración de justicia.
