En la mayoría de los casos, los hombres acusados o prófugos por el delito de feminicidio son insolventes para pagar el resarcimiento del daño a las familias de las víctimas, particularmente a los hijos. Por ello, el Gobierno del Estado de Durango cuenta con un mecanismo subsidiario que puede otorgar hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), siempre que se cumplan ciertos requisitos, informó Ismelda Flores, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
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“El protocolo va justamente en ese sentido. No en todos los casos, pero en la mayoría, el feminicida no tiene solvencia económica o se encuentra sustraído de la justicia, lo que deja a los menores en total desamparo”, explicó.
“La Comisión actúa como órgano subsidiario; no se trata de una reparación integral del daño, sino de una compensación parcial por parte del Estado, previa verificación y cumplimiento de un procedimiento legal”.
Flores destacó que, en muchos casos, los responsables son las parejas de las víctimas, por lo que suelen ser las abuelas quienes se hacen cargo de los menores.
Explicó que para que proceda esta compensación es necesario que un juez declare la insolvencia del agresor o su condición de prófugo. “Nosotros no actuamos de oficio; es a petición de una autoridad judicial que se inicia el proceso de compensación”, precisó.
Añadió que, una vez que el imputado es puesto ante un juez de ejecución, éste notifica a la Comisión para que inicie el procedimiento, siempre que se acredite que el agresor no puede cubrir el daño o que está evadiendo la justicia.
edaa
