El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, Manuel Valadez Díaz, dio a conocer los principales retos y proyectos prioritarios que afrontará el Poder Judicial para el cierre de año y de cara al periodo 2027-2028.
Entre las acciones proyectadas destaca la próxima emisión de una convocatoria oficial, prevista para publicarse entre marzo y abril de 2027, con el propósito de integrar una nueva selección de juzgadores en 2028. El proceso contempla cubrir aproximadamente 50 plazas vacantes de jueces y juezas mediante voto popular.
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Valadez Díaz precisó que, en apego a los marcos normativos federales, la selección incorporará un proceso de insaculación para definir de manera aleatoria a los candidatos presentados por cada uno de los poderes, garantizando una representación equitativa entre hombres y mujeres. Asimismo, anticipó que la cifra de juzgadores requeridos podría incrementarse a entre 65 y 70 plazas para dar abasto a la carga procesal.
Otro de los compromisos centrales de la institución es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Al respecto, el magistrado resaltó que la materia civil y familiar constituye cerca del 75% del volumen total de expedientes que atiende el tribunal.
Avance hacia la oralidad
Ante el reto que representa la transición hacia la oralidad en estas áreas, el Poder Judicial mantiene un esquema continuo de capacitación, diplomados y cursos dirigidos no solo al personal interno, sino también a las barras y colegios de abogados de la entidad.
En relación con el flujo de casos, el presidente del TSJ detalló que durante el ejercicio anterior se registraron alrededor de 33,000 demandas nuevas y se dictaron cerca de 20,000 sentencias, proyectando cerrar el presente año con una cifra de entre 35,000 y 36,000 asuntos ingresados.
Finalmente, destacó que mediante la supervisión continua del Tribunal de Disciplina Judicial se ha logrado abatir el rezago en segunda instancia y agilizar los tiempos de respuesta, reafirmando el compromiso de brindar una impartición de justicia pronta, ágil y cercana a la ciudadanía.
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