M+.- Al menos 10 de los 32 estados han equipado a sus policías con drones para combatir a la delincuencia, con presupuestos que van desde los 157 mil hasta los 20 millones de pesos.
Sin embargo, mientras que los drones usados por el crimen organizado son cada vez más numerosos y más sofisticados, los que utilizan las policías estatales, e incluso las municipales, para seguridad pública no tienen un estándar básico que regule sus características y su uso.
Cada Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal compra drones diferentes, de tamaños diversos y de precios y características muy variadas, según una revisión realizada por MILENIO a las adquisiciones de este tipo de aparatos que han hecho las policías de los entidades en los últimos años.
Consultados por este diario, especialistas en políticas de seguridad pública coincidieron en que debería existir un protocolo que homologue el uso y las características básicas de estas herramientas, mientras que autoridades policiales consideraron que cada estado es libre de adquirir los drones que decida, según sus necesidades.
MILENIO preguntó, a través de solicitudes de transparencia, a cada una de las 32 policías estatales cuántos drones han adquirido en los últimos años, cuánto han pagado por ellos y qué características técnicas tienen.
Las respuestas revelaron las diferentes visiones que cada estado tiene, tanto en los presupuestos destinados para equiparse con este tipo de herramientas, como en la información que deciden hacer pública y la que prefieren ocultar.
Hubo estados que entregaron abiertamente los contratos firmados y los montos pagados y otros que ocultaron toda información relacionada con el tema.
De acuerdo con las respuestas, al menos 10 de las 32 policías estatales se han equipado con drones para sus tareas de seguridad pública, pero podrían ser, en realidad, 19, porque otras nueve secretarías no afirmaron ni negaron haber adquirido aparatos de ese tipo, con el argumento de tratarse de información reservada por cuestiones de seguridad nacional.
Las diez policías estatales que sí respondieron a las solicitudes informaron cuántos drones han adquirido y, la mayoría, el costo pagado por ellos.
Se trata de las secretarías de Seguridad de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Nuevo León y San Luis Potosí.
Los montos que han invertido estas entidades para equiparse con drones —excepto las dos últimas, que no lo revelaron— van desde los 157 mil pesos hasta los 20 millones de pesos.
Los estados que reservaron toda información relacionada con drones fueron Chiapas, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Sin embargo, en entrevista con MILENIO, el secretario de Seguridad de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio, informó que en la entidad cuentan con cuatro aviones no tripulados, 14 drones y cuatro drones patrulla, pero no dio cifras de inversión de esos instrumentos en específico.
Las policías estatales de Guerrero, Coahuila, Colima, Durango, Querétaro y Tabasco respondieron que no han adquirido drones como parte del equipamiento para sus tareas de vigilancia.
Aguascalientes y Guanajuato respondieron con links electrónicos en los que no se pudieron encontrar los datos requeridos, y Chihuahua no dio información porque dijo que los drones usados no son propiedad del gobierno del estado.
El Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Yucatán no respondieron.
CdMx, los drones más costosos
La policía que más recursos públicos reportó haber invertido en el equipamiento de drones para tareas de vigilancia aérea es la de la Ciudad de México.
De acuerdo con su respuesta a la solicitud de información, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital ha firmado solamente un contrato para la “adquisición, implementación y puesta en operación de un sistema de tres drones tácticos, como mecanismo de vigilancia aérea para la inteligencia policial” por 20 millones de pesos.
Dicho contrato fue adjudicado en 2018 a la empresa Grupo Leobe y se pagó con recursos del Fondo de Participaciones Federales.
Los detalles técnicos del equipo adquirido fueron reservados por tres años.
Por su parte, Campeche es el estado que ha destinado la menor cantidad de recursos para la adquisición de estas herramientas.
Según su respuesta, la Secretaría de Gobierno estatal adquirió en 2023 un dron a una persona física, Luis Alonso Ortiz Montalvo, por un monto de 157 mil 827.28 pesos, y se utiliza únicamente para realizar tareas de búsqueda de personas; también reservó los detalles técnicos del equipo por un periodo de tres años.
El estado que más drones ha adquirido para tareas de seguridad pública es Hidalgo, el cual reportó haber comprado 28 de estos equipos entre 2018 y 2024, por un monto total de 6 millones 338 mil 782.51 pesos.
De acuerdo con la información proporcionada, el más costoso lo compró el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación, Calidad e Inteligencia (C6i) en 2023 por un millón 798 mil pesos.
La Procuraduría de Justicia compró 20 drones de diferentes tamaños y capacidades, incluido uno de un millón 299 mil 200 pesos; la Agencia de Seguridad Estatal adquirió en 2023 dos drones y la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad compró uno en 2024 por 239 mil 308 pesos.
A diferencia de los otros estados que reservaron los detalles técnicos de cada uno de los equipos adquiridos, el gobierno de Hidalgo transparentó las especificaciones de cada uno de los drones.
La policía de Nayarit reportó haber comprado 14 drones, entre 2022 y 2025, por un monto total de 1.2 millones de pesos; Baja California informó que en 2022 compró 13 drones, por un monto total de 2.2 millones de pesos, y Baja California Sur respondió que en 2023 compró cuatro por 232 mil 759.08 pesos.
Jalisco informó que en 2022 invirtió 670 mil 463 pesos y Puebla, 4.3 millones de pesos entre 2023 y 2025, pero ninguno de los dos estados dio a conocer cuántos drones adquirió.
Nuevo León solo informó de la adquisición de cuatro drones, pero para labores de búsqueda, y San Luis Potosí, nueve, sin especificar el uso que les da; ninguno reveló presupuestos invertidos.
Sin estándar, riesgos y vulnerabilidades
Claudia Morales, coordinadora de proyectos de la organización Impunidad Cero, advirtió que actualmente no existe en México un protocolo específico, público y uniforme para el uso de drones por parte de las policías estatales.
Consultada por MILENIO, recordó que desde el 30 de octubre de 2023 se encuentra pendiente de revisión en el Congreso federal una minuta con proyecto de decreto para reformar la legislación en materia de aviación, que incluía la obligación para emitir lineamientos de regulación y operación de las aeronaves no tripuladas destinadas a prevención, investigación y persecución de los delitos.
“Esta omisión no es menor considerando que estos instrumentos y protocolos permitirían regular el cómo, cuándo, dónde y en qué condiciones son utilizados los drones con fines de seguridad ciudadana”, expuso.
Morales dijo que la ausencia de protocolos genera vulnerabilidades institucionales y riesgos de abuso y que algunos elementos mínimos que deben contemplarse en esos instrumentos legales son especificaciones sobre el tratamiento y resguardo de las imágenes y datos captados, mecanismos de supervisión y rendición de cuentas y procedimientos ante incidentes o mal uso del equipo.
Además, consideró que si hubiera drones “de uso exclusivo del Estado”, los cuales ahora no existen, generaría certeza en la cadena de custodia de los datos que se recopilan y garantizaría la adquisición de los dispositivos de una manera más eficiente y bajo condiciones de licitación pública.
Por su parte, Fernando Escobar, investigador de la organización Causa en Común, coincidió al asegurar que un estándar de uso de drones para fines de seguridad pública ayudaría a definir el tipo de operaciones policiales en las cuales estas herramientas se pueden utilizar, y programas de capacitación para el personal policial encargado de manejar estos aparatos.
“A partir de este tipo de instrumentos normativos, puedes ir garantizando una legalidad en cada despliegue de los drones”, dijo.
El secretario de Seguridad Pública de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio, explicó que, ante la falta de un protocolo a nivel estatal para el uso de drones, en esa entidad se utilizan los lineamientos de uso de la Guardia Nacional, corporación a la que él perteneció.
No obstante, subrayó necesaria la existencia de guías claras, dependiendo del uso que se le quiera dar a esas herramientas.
“Debe ser un protocolo muy claro, muy específico, y para qué lo quieres usar: si es para prevención, si es para un tema de una operación de alto impacto, si es para un tema de desastres naturales, es muy importante hacer un protocolo de uso”, dijo a MILENIO.
“Nosotros lo tenemos muy bien estructurado, y si cualquier estado lo quisiera, lo pudiéramos compartir”, ofreció.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, Erwin Sánchez, consideró que cada estado es peculiar y que, así como las estrategias de seguridad deben regionalizarse, también el uso de los drones.
Y explicó que en el caso de su entidad, en donde comenzaron hace años los primeros ataques de drones con material explosivo por parte de la delincuencia organizada, se planificó la compra con base en esas circunstancias.
“Fueron identificados cuáles eran los drones que ellos utilizaban para este tipo de ataques y sobre eso se planificó la adquisición de los equipos antidrón; por otro lado, existen actualizaciones y drones que van saliendo, mes con mes, que nosotros necesitamos ir un paso adelante en la adquisición de estas actualizaciones. Por eso cada estado es peculiar”, aseguró.
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ksh
