Reconocida o no, la discriminación está presente en las calles de Monterrey. Aunque no es ejercida por toda la sociedad, no falta quien atribuya los problemas de la ciudad a aquellos “que vienen de fuera”.
El 23 de julio MILENIO Monterrey publicó el caso donde un inspector de Ordenamiento e Inspección de San Pedro Garza García tuvo un trato despectivo hacia dos vendedoras ambulantes de origen mixteco.
La información generó más de 80 comentarios en su versión electrónica. La mayoría criticaban la presencia de los indígenas, expresando estereotipos como flojos, acusándolos de estropear la imagen de la ciudad y recomendando que mejor “se quedaran en sus estados”.
Aunque para muchos esta situación sea normal, especialistas critican los comentarios despectivos y burlones que se hacen en Monterrey y su área metropolitana a los migrantes indígenas y centroamericanos.
“Afecta a los grupos foráneos minoritarios: en especial a los indígenas y a los centroamericanos”, expresa la artista e investigadora Yasodari Sánchez.
Nuevo León cuenta con una población estimada entre las 50 mil y 60 mil personas indígenas, según información del INEGI y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Asociaciones independientes aseguran que la cifra asciende a los cien mil.
LA RELACIÓN A LOS PROBLEMAS
Existen dos clases de estereotipos marcados en la sociedad regiomontana: los que relacionan a los grupos indígenas con gente floja y a los centroamericanos con violencia.
Yasodari Sánchez ha venido estudiando a diferentes grupos de migrantes en Nuevo León desde el 2012. Primero con los centroamericanos, después con la colonia Independencia, los grupos indígenas y la comunidad extranjera de España, Argentina y Japón.
Algo que ha detectado es que el regiomontano ve con diferente lente al foráneo en esta tierra.
“Para los grupos vulnerables es más difícil aceptarse, se tiene la percepción de que si vienen aquí (Monterrey) tienen que ser como nosotros. Con los extranjeros se tiene otra percepción, al japonés se le ve como persona que triunfa pero al migrante centroamericano o nacional se le ve muy diferente”, opina.
TODAVÍA FALTA MUCHO
La antropóloga Wendolín Rodríguez Garza refiere que con los años la situación para los grupos indígenas en Monterrey y su área metropolitana ha mejorado.
Estos grupos cuentan hoy con el respaldo de asociaciones civiles e incluso con la Ley de los Derechos Indígenas en Nuevo León, la cual se publicó desde 2012.
No obstante persisten las burlas, la segregación y los abusos de la ciudadanía en general, cuerpos policiales e instancias de gobierno.
“Si trabajan en la obra o en el aseo doméstico no tienen prestaciones, si venden en la calle carecen de permiso o, en el caso de los hombres, recurrentemente los acusan de estar alcoholizados y bajo esa excusa los roban”, expresa la también promotora cultural.
La principal migración a Nuevo León proviene de estados como San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Veracruz e Hidalgo. Fue en la década de 1970 y 1980 cuando las primeras migraciones llegaron a la ciudad.
Rodríguez Garza señala que hoy en día los grupos indígenas han logrado acceder a servicios como la salud, educación y vivienda. A pesar de esto, considera que la ciudad sigue siendo agresiva para ellos.
“Definitivamente no es una ciudad amable, lo vemos todo el tiempo con las expresiones que hacen, la relación que hacen con ellos con la Alameda, por ejemplo. Hoy los niños de primaria que ya llaman a sus compañeritas las indias sólo por su cabello, ropa o porque ‘hablan raro’”, acusó.
EL CASO
Silvia, su madre y sus dos hijas, de origen mixteco, se encontraban vendiendo artesanías en Calzada San Pedro y Calzada Rosario el pasado 23 de julio cuando fueron amedrentadas por un inspector del Departamento de Ordenamiento e Inspección de San Pedro Garza García.
FALTA DIFUNDIR LA LEY
En el 2012, el Congreso local aprobó la Ley de los Derechos Indígenas de Nuevo León donde se busca que las instituciones de gobierno atiendan las necesidades de estos grupos minoritarios.
Jorge Santiago Alanís, entonces diputado por el Partido Nueva Alianza, fue uno de los impulsores de esta ley, en la 72 Legislatura.
A dos años de su aprobación y posterior publicación, señala que es preciso darle mayor difusión pues hoy en día hay quien la desconoce.
“Tenemos que darle difusión en todas las dependencias, publicarla, mandarla a las autoridades municipales y estatales para que tengan presente. Falta mucha voluntad en las autoridades para detener la discriminación”, opinó el también historiador.
En la legislación se habla de ofrecer calidad de salud, vivienda y estudio a estos grupos, dotar de traductores para su defensa en casos legales y proponer recursos para evitar su discriminación.
Esta legislación se hizo con apoyo de asociaciones civiles, comunidades indígenas y con la opinión de las principales universidades del estado.
“Sabíamos que eso iba pasar (el desconocimiento de la ley) pero apelamos al reconocimiento y a que los propios valores de los regiomontanos se impongan para mejorar la situación. Hoy en día no sólo los grupos indígenas merecen atención sino los migrantes centroamericanos”. (Gustavo Mendoza Lemus/Monterrey)
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