Tras más de una década de espera, este sábado a las 00:17 fue aprobada la nueva Ley de Participación Ciudadana.
En una jornada legislativa maratónica, se aprobaron por unanimidad nuevas figuras, entre las que se encuentran la revocación de mandato, consulta pública y presupuesto participativo.
Sin reservas y sin cambios, los legisladores de todas las bancadas dieron el aval a la Ley de Participación Ciudadana que abrirá el camino para que los funcionarios sean removidos de su cargo, en caso de que haya ciudadanos que así lo soliciten.
De acuerdo con lo aprobado en la Ley de Participación Ciudadana, podrán ser susceptibles a que sean removidos de sus cargos los alcaldes, diputados y el gobernador, mismos que fueron elegidos por elección popular.
Quienes estén interesados en promover la petición de revocación de mandato deberán hacer una petición ante la Comisión Estatal Electoral con al menos el 10 por ciento de las firmas del padrón referente al municipio, distrito o estado.
En caso de ser validada la petición de revocación ante la CEE se podrá iniciar un proceso con recursos del gobierno y se deberán reunir un 40 por ciento de firmas del padrón electoral para poder aplicar la revocación de mandato de cualquier funcionario de primer nivel.
Para el caso de las consultas populares, ésta podrá ser solicitada mientras que se acompañe por el dos por ciento de las firmas del padrón y también se requerirá 40 por ciento de la población incluida en el padrón electoral para que tenga efecto vinculatorio.
Concepción Landa García Téllez, presidenta de la Comisión de Gobernación, celebró por su parte que, al margen de tintes partidistas, esta ley fuera aprobada sin reservas de los grupos políticos.
"Considero que este momento que estamos viviendo el día de hoy, es histórico, ha sido un camino bastante largo y complicado, y hoy por fin vemos que culmina con el nacimiento de esta Ley de Participación Ciudadana que la hemos esperado todos los neoleoneses durante muchos años y que constituye verdaderamente un clamor ciudadano.
"Tenemos la posibilidad de contar legalmente con mecanismos que nos permitan ejercer de manera efectiva nuestros derechos ciudadanos", indicó.
Héctor García García, presidente de la Comisión de Legislación, quien también participó en la creación del dictamen, reconoció la labor de todos los que participaron en ella.
"Los ciudadanos de Nuevo León hoy entenderán en esta ley que no van a ser más que el gobernante, ni menos que el gobernante, simplemente que van a ir de la mano del gobernante, que ojalá el Gobierno entienda que el ciudadano es parte fundamental en su haber, y que el ciudadano sepa que tendrá que convivir con el gobernante con estos nuevos instrumentos", dijo.
Para que ésta pueda tomar validez, se requerirá una reglamentación que deberá aprobarse en un lapso de 180 días.
PIDEN CAMBIAR AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
Organizaciones civiles acudieron este viernes al Congreso local para solicitar la remoción del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jorge Galván González.
Pese a que el nuevo auditor mostró presuntas pruebas y afirma no estar afiliado al PRI, integrantes de organizaciones sostienen que Galván González forma parte de un partido político.
Ante ello, la ex diputada local Liliana Flores Benavides, el activista Gilberto Marcos y el representante de Redes Quinto Poder, Juan Manuel Ramos, entregaron un documento ante el Congreso donde solicitaban revisar y remover del cargo al nuevo auditor.
"La ciudadanía ya estamos hartos de impunidad, de corrupción y nos preocupa que una persona que no fue honesta a la hora de que lo entrevistaron en la comisión, donde le preguntan si es militante de un partido y lo negó, vaya a ocupar dicho puesto, porque se trata de algo invaluable para la ciudadanía como lo es la revisión de las cuentas públicas", indicó Flores Benavides.
Aseguró que en base al artículo 91 de la Ley de Fiscalización un auditor no puede ser militante de un partido, por lo cual dijo, eso basta para ser removido.
"Estamos haciendo la petición formal para que el presidente del Congreso la turne a las comisiones correspondientes y estamos probando nuestro dicho plenamente, hay una violación al artículo 91 de la Ley de Fiscalización Superior que establece que un auditor no puede ser militante de ningún partido y que solamente eso basta para ser removido y que el Congreso tiene la facultad de removerlo de acuerdo a lo que establece el artículo 93 de la misma ley", dijo.
Gilberto Marcos, de la Fedeco, indicó que no se demerita el trabajo que ha realizado Galván González, sin embargo, pidió que el cargo sea para alguien imparcial.
