El acceso al agua es uno de los temas más apremiantes no solo en México, sino en todo el mundo. Los esfuerzos que se han hecho para conseguir la suficiencia y garantizar el acceso al vital líquido, derecho humano como lo contemplan las leyes, han sido insuficientes.
De acuerdo con Federico M. Ruanova Guinea, especialista en derecho ambiental en México, ante la crisis hídrica que vivimos es necesaria mayor inversión en proyectos o planes novedosos y un nuevo marco normativo que ayuden a un abastecimiento más equitativo a nivel nacional, en el entendido de que hay regiones que requieren más agua que otras.
Señaló que en regiones desérticas, principalmente, que han perdido su capacidad de absorción para recargar sus acuíferos porque no hay precipitaciones pluviales y sus fuentes de abastecimiento están por debajo de 40 y 50 por ciento, aunque también hay entidades donde llueve mucho y cuentan con afluentes muy grandes como Tabasco, el sur de Veracruz y la península de Yucatán.
“Monterrey estuvo en una situación muy complicada y precaria. La huasteca potosina ha sido golpeada enormemente por las sequías que en algunos casos son prolongadas, pero de un momento a otro vive lluvias torrenciales que, lejos de resolver el problema, producen inundaciones”
Zona centro
En la zona centro del país, abundó, se ubica el acueducto Lerma-Santiago que abastece a la Ciudad de México y al menos 25 por ciento de su caudal se pierde en fugas. En general, el reto para el país es grave en el mediano y largo plazo, pero algo se tiene que hacer para resolverlo.
Otro problema que enfrentamos, que viene desde la Revolución Mexicana, explicó, es que el sector agrícola no paga derechos por el agua que utiliza, salvo que altere el cauce natural del agua, y el “mercado cautivo”, que es el industrial, es el que paga más.
Lo ideal sería que el sector agrícola empiece a pagar derechos, continuó, no lo mismo que el sector industrial, pero un porcentaje razonable para que exista una compensación y algo de equidad; sin embargo, lamentablemente, es políticamente inviable. “Desde 1917 el agua ha sido considerada un logro social y todo sector debe tener acceso a ella”.
Plantas desaladoras
Conforme al Tratado de Aguas del Río Colorado y el Río Bravo de 1948, “al parecer México le adeuda grandes volúmenes de agua a Estados Unidos”, de ahí la presión de la administración del presidente Donald Trump para que esa agua se entregue a los agricultores de su país.
Por varios frentes, aseveró Ruanova Guinea, estamos enfrentando grandes retos en materia de agua, ya que en el país no abunda como en Canadá; aún hace falta privilegiar la tecnología para la creación de plantas desaladoras, tal y como se ha hecho en el condado de San Diego, Estados Unidos, que construyó una hace más de 10 años; actualmente, tiene un superávit y la puede vender a otras zonas de California.
Grandes inversiones
“En el estado de Baja California, por ejemplo, se ha prometido la construcción de una desaladora y no se ha hecho. Esa es una de las grandes inversiones que puede hacer nuestro país, ya sea en asociación público-privada, porque si algo tenemos en México son litorales”.
Si bien se trata de plantas caras de operar porque requieren de mucha energía, si se operan a través de energía renovable, ya sean celdas fotovoltaicas o energía eólica, se resolvería en el mediano y largo plazo el tema del abastecimiento de agua.
“Los vecinos del norte invirtieron 2 mil millones de dólares hace una década y ahora están recibiendo ganancias por tener agua de sobra. En México sería necesaria una inversión de más de 20 mil millones de pesos o más. El gobierno federal puede realizarla y después recuperarla cobrándoles a los usuarios el consumo del agua. Estos retornos no son mágicos, pero sí resuelven en el largo plazo el abastecimiento”.
Tratamiento residual
De no aplicarse la alternativa desalinizadora, añadió el experto, el gobierno mexicano deberá mejorar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales. “Tijuana descarga aguas en el río Tijuana hacia Estados Unidos, porque el río fluye a la Playa Imperial y cuando hay lluvias se contaminan las playas de este país y no hay manera de garantizar que el agua residual no ocasione daños ambientales, porque la infraestructura de tratamiento es insuficiente”.
A lo que se debe aspirar es a tener un tratamiento de tal tecnología para que se use esa agua tratada para uso industrial o doméstico. “El país debe ser creativo, aunque puede ser caro aplicar este tipo de alternativa; solo debe tomarse en cuenta que, si se construyó la refinería de Dos Bocas, un nuevo aeropuerto y el Tren Maya, también se podría invertir en un tema estratégico para la viabilidad de la nación”.
Asimismo, destacó que hoy se tira mucha agua que puede estar sujeta a tratamiento secundario y terciario; son áreas de oportunidad, no solo para el gobierno y el sector agropecuario, sino para la industria en general.
“Si el gobierno otorga concesiones o permisos para que se construyan plantas desaladoras para abastecer al sector industrial, dicho sector podría pagar esa inversión, tal como lo ha hecho con la electricidad”.
Si bien hoy existen las llamadas “líneas moradas” para aprovechar el agua tratada en zonas industriales, lo que hace falta para mejorar su efectividad, sostuvo, es que las descargas de aguas residuales reciban el tratamiento adecuado para cumplir con los límites máximos permisibles.
Normatividad
La Norma Oficial 001 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) regula las descargas a cuerpos receptores federales y la 002 regula descargas a los sistemas urbanos de drenajes. “No hay todavía una exigencia para que el agua que se usa en un proceso productivo se pueda o se deba reutilizar; a lo mejor se le da tratamiento y se envía a un sistema municipal o estatal y se acabó”.
Lo que hace falta, añadió, es un marco normativo que regule el uso secundario o terciario del agua para que haya economía circular, lo que no es otra cosa que minimizar los residuos o aguas residuales.
“Es decir, crear un ciclo beneficioso que permita el aprovechamiento secundario o terciario con el único fin de que haga posible que se utilice menor volumen, ya sea de la que abastece un organismo operador o de una concesión”.
Avanza la legislación
El también senior counsel de la empresa Baker McKenzie, firma internacional de servicios jurídicos y globales, indicó que entre los intentos más recientes del gobierno federal para sentar las bases y resolver el problema del desabasto, aprovechamiento y cuidado del agua, está la Ley General de las Aguas Nacionales.
Se trata de un ordenamiento pequeño, pero retoma la importancia del vital líquido y plantea que todas las personas tengan acceso a él.
Por ello, ante el riesgo inminente de falta de disponibilidad, actualmente las autoridades pueden restringir o cancelar las concesiones para garantizar el derecho de las comunidades vulnerables.
Aunado a que existe una preocupación justificada del gobierno federal sobre la desvirtuación o deformación de la transferencia de concesiones de agua subterránea, por lo que la Ley de Aguas Nacionales propone sustituir esas transferencias por la reasignación de volúmenes de agua, lo cual se definirá en el reglamento de la ley.
“Hay sectores productivos que están muy nerviosos porque ya no se puede transferir una concesión y ¿cómo operarán entonces? Lo que se pretende es crear un proceso expedito que dé certeza jurídica a los concesionarios para que puedan continuar con sus operaciones”.
Asimismo, la autoridad “está revisando muy bien quién está utilizando en su totalidad los volúmenes de agua”, ya que, de acuerdo con el marco normativo, si no se utiliza toda el agua concesionada durante dos años consecutivos y sin que haya causa justificada, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puede iniciar un proceso de caducidad, es decir, puede reducir el volumen.
Entre las maneras de evitar que eso suceda y preservar los volúmenes están pagar la cuota de no caducidad, a través del portal Declaragua, y acreditar que se invirtió en infraestructura para usar el agua de manera más eficiente.
En general, expresó, se están tomando acciones en el marco regulatorio para transitar a la eficiencia hídrica, aunque seguirán los sobresaltos en el camino por el conflicto entre los intereses industriales y los intereses sociales.
El país necesita crecer en producción de bienes y servicios; tiene que haber inversión, además de garantizar a todas las comunidades el acceso al agua. “Ese balance es el que más retos presenta a la autoridad federal y a la autoridad en los estados”.
“Aquí el agua es de la nación; la autoridad tiene la responsabilidad de garantizar su acceso a todos los mexicanos. Si hay un marco que dé certeza jurídica, para donde vamos, poco a poco se irá resolviendo la problemática, no será de un día para otro”, finalizó Ruanova Guinea.
