Ante los vacíos de información sobre las zonas donde Petróleos Mexicanos (Pemex) pretende desarrollar el fracking en México, la organización CartoCrítica desarrolló una serie de análisis y mapas que permitieron identificar 7.7 millones de hectáreas potenciales para la explotación no convencional, concentradas en tres provincias petroleras del noroeste y oriente del país, distribuidas en siete estados: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
“Recuperar apenas el 10 por ciento de los recursos prospectivos no convencionales anunciados por Pemex, requerirá la perforación y la fracturación de más de 25 mil nuevos pozos, así como el uso de casi 2 mil millones de metros cúbicos de agua dulce, esto aunado a la fragmentación del territorio, el tránsito pesado de camiones y pipas, aguas residuales, conflictos por el uso del suelo, contaminación e impactos ambientales y sanitarios”, destacó Manuel Llano Vázquez Prada, director de CartoCrítica.
Al presentar el estudio “Fracking sin coordenadas públicas”, Manuel Llano denunció que la última información pública detallada sobre áreas, bloques y recursos no convencionales dejó de actualizarse alrededor de 2018, y en 2024, ante una solicitud de información, la autoridad respondió que la ubicación era información reservada, aunque parte de ella ya había sido pública.
Frente a la opacidad, la organización construyó su propio mapa mediante información oficial publicada por Pemex, la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía desde 2012.
El estudio estimó que la inversión que se requiere es de 360 mil millones de dólares, a cambio de un alivio energético de pocos años, dijo Manuel Llano. Además, el análisis encontró que más de seis millones de personas habitan en las zonas con potencial de fracking; de esos seis millones de habitantes, 1.25 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, lo que limita su capacidad de respuesta ante una emergencia ambiental.
“La magnitud del proyecto contrasta con lo efímero que tendría este aporte. 5.9 años del consumo de petróleo, 3.7 años del consumo nacional de gas. A eso equivaldría los hidrocarburos que podrían ser recuperados. Eso es lo que le aportaría el fracking a México”.
El estudio destaca que las tres provincias petroleras donde se concentra el interés no convencional enfrentan un alto estrés hídrico. Manuel Llano resaltó que al analizar los requerimientos de agua del fracking contra la disponibilidad local, se encontró que ocho de cada 10 litros tienen que ser extraídos en regiones que actualmente ya presentan un grave riesgo hídrico.
“Y el estrés tendencial, el estrés hídrico hacia el futuro, aún sin el fracking, sólo se prevé que aumente todavía más hacia 2050. Hoy el 37 por ciento de las áreas donde ocurriría fracking ya presentan un estrés hídrico alto y para el 2050 sería casi la mitad”, destacó.
Por provincias, identificó que el impacto sería en Sabinas-Burro Picachos en Coahuila, Nuevo León: el 100 por ciento del agua que demandaría el fracking recaería en acuíferos sin disponibilidad actual. El 83 por ciento de su superficie ya tiene estrés hídrico alto o extremo.
En Burgo, localizado entre Nuevo León y Tamaulipas, el mayor riesgo es la dispersión de la población rural: 2 mil 651 localidades rurales cargarían con la industria, en una región donde casi una de cada cinco viviendas rurales no tiene drenaje.
Mientras que en la provincia de Tampico-Misantla, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, el conflicto es territorial, ya que el fracking atravesaría 2 mil 81 ejidos y bienes comunales y los territorios de 871 mil hablantes de lengua indígena: teenek, nahua, otomí, tepehua y totonaco.
“No estamos ante una misma problemática en todo el país, estamos viendo tres provincias petroleras, tres conflictos distintos. Al norte, en Sabinas-Burro Picacho el agua que ya no existe; al noreste en Burgos una población rural altamente dispersa, y al este en Tampico Misantla, tenemos un denso mosaico agrario e indígena de gran complejidad. Son tres conflictos distintos”.
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