La Auditoría Superior del Estado emitió observaciones por 14 mil 414 millones 430 mil 657 pesos durante la revisión de la cuenta pública 2024, cuyos resultados encendieron focos rojos debido al alto grado de incumplimiento de los entes fiscalizados, particularmente en las Comapas, que en su totalidad tuvieron irregularidades.
Al rendir un informe ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, el auditor Francisco Noriega Orozco informó que el monto total observado aumentó casi un 26% en relación a la cuenta pública del 2023, donde la cifra fue de 11 mil 446 millones 004 mil 339 pesos.
Sostuvo que este incremento no necesariamente refleja un deterioro en la administración pública, sino una fiscalización más rigurosa y exhaustiva. “No estamos dejando espacios para la omisión”, afirmó durante su exposición. Precisó que en total se analizó un universo de 162 entidades: 93 de ayuntamientos y 69 del gobierno del estado.
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Comapas concentran la mayoría de las irregularidades
El funcionario reveló que 82 de las 93 entidades municipales auditadas obtuvieron una opinión de incumplimiento, y entre los organismos operadores de agua todos resultaron con un informe de resultados negativo, lo que evidencia un problema generalizado, señaló el auditor ante diputados locales.
Noriega Orozco calificó la situación de las Comapas como crítica y advirtió que estos organismos enfrentan un desorden administrativo de carácter sistémico, derivado de deficiencias en los controles internos, falta de comprobación del gasto e inercias administrativas que no han sido corregidas.
“Este sector requiere una intervención administrativa profunda, ya que la falta de comprobación interna es una constante que afecta la salud financiera de los organismos operadores de agua. Incluso hacemos un llamado de que la solventación de estas observaciones no es opcional, sino un mandato legal prioritario”, apuntó el auditor.
En ese contexto, las observaciones de las 28 Comapas ascendieron a 11 mil 301 millones de pesos, lo que representa un incremento del 45.11% respecto al ejercicio anterior, concentrando la mayor parte de los recursos señalados por la ASE.
Persisten deficiencias en ayuntamientos y organismos
En contraste, los ayuntamientos registraron una reducción de 21.13% en los montos observados; sin embargo, la Auditoría advirtió que persisten deficiencias relevantes en la gestión municipal.
Entre las principales irregularidades destacan inconsistencias en cuentas de balance, que representan más del 31% de las observaciones, así como presupuestos de ingresos y egresos ejercidos sin autorización, con alrededor del 16%.
Otro factor relevante fue la transición de administraciones municipales. La Auditoría detectó procesos de entrega-recepción incompletos e incluso documentación que, aunque reportada como entregada, no fue localizada físicamente, lo que impactó en la comprobación del gasto.
En otros organismos municipales, como sistemas DIF e institutos, se detectaron observaciones por más de 409 millones de pesos, además de la emisión de 300 acciones legales derivadas de los hallazgos de fiscalización.
ASE promueve más de 2 mil acciones por anomalías
Como resultado, la ASE promovió 2 mil 707 acciones por presuntas faltas, incluyendo 1 mil 933 promociones de responsabilidad administrativa, 680 pliegos de observaciones y 94 recomendaciones.
Asimismo, informó la integración de 27 expedientes de presunta responsabilidad administrativa por faltas graves entre 2024 y 2025, mientras que 133 servidores públicos fueron sancionados durante 2024 por incumplimientos.
El informe también refleja un endurecimiento en las medidas de seguimiento. Mientras en 2023 se emitieron 32 multas por incumplimiento en la entrega de información, en 2024 la cifra aumentó a 76. Para 2025 se han aplicado 25 sanciones, de las cuales la mayoría ya fueron resueltas.
También se rescataron seis expedientes que estaban próximos a prescribir, con el propósito de evitar que posibles irregularidades quedaran sin consecuencias legales.
Endurecen sanciones y seguimiento de auditorías
En conjunto, la ASE revisó 162 entidades públicas, emitió 199 informes individuales de auditoría y reiteró que mantendrá una política de seguimiento permanente para que los hallazgos derivados de la fiscalización tengan consecuencias administrativas y, en su caso, jurídicas.
Francisco Noriega Orozco afirmó que uno de los cambios implementados durante su gestión fue agilizar el análisis jurídico de los expedientes para reducir rezagos que anteriormente podían prolongarse durante años y acelerar la presentación de denuncias penales y procedimientos por faltas graves.
“La impunidad ya no es una opción”, sostuvo el auditor al señalar que la nueva estrategia busca que las observaciones detectadas durante las auditorías se traduzcan en consecuencias jurídicas reales, recuperación de recursos públicos y sanciones para los responsables cuando corresponda.
Evaluación de desempeño y recomendaciones
En materia de desempeño gubernamental, la Auditoría Superior realizó 37 auditorías enfocadas en evaluar si los programas públicos cumplieron sus objetivos y generaron beneficios tangibles para la población. Como resultado se emitieron 836 recomendaciones, de las cuales 389 ya fueron atendidas por las entidades fiscalizadas.
Durante la discusión del informe, legisladores expresaron preocupación por los altos niveles de incumplimiento en municipios y organismos operadores de agua, y plantearon la necesidad de fortalecer las herramientas legales de fiscalización para garantizar que las observaciones se traduzcan en sanciones efectivas y correcciones administrativas.
SJHN
