La colectiva Madres Poderosas Víctimas Indirectas de Feminicidio de La Laguna manifestó su rechazo a la renovación del decreto estatal de apoyos a hijas e hijos de víctimas de feminicidio, al considerar que fue emitido sin consulta previa a las familias directamente afectadas y que mantiene limitaciones graves en su alcance.
A través de un comunicado, integrantes de la organización exigieron la revisión y ampliación del programa, argumentando que los beneficios actuales resultan insuficientes para garantizar el bienestar y desarrollo integral de los menores en situación de orfandad por feminicidio.

“Exigimos revisión y ampliación de los apoyos. El decreto recientemente publicado por el Gobierno del Estado de Coahuila no contempla la magnitud de las necesidades básicas, emocionales y educativas de nuestras niñas, niños y adolescentes”, señalaron.
Apoyos económicos limitados
La colectiva detalló que actualmente los apoyos se reducen a 4 mil pesos bimestrales entregados por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), así como una beca escolar trimestral de 2 mil pesos.
También se contempla el acceso a servicios de salud estatales y la tarjeta de beneficios “MERA MERA”, pero la organización calificó estas medidas como “insuficientes para cubrir la realidad de las infancias que enfrentan duelo, violencia e inseguridad”.
Señalan retrocesos en políticas de protección
Madres Poderosas criticó que, a diferencia de administraciones anteriores, el nuevo decreto omite acciones como el pago directo de colegiaturas en escuelas privadas, política que en su momento ayudó a proteger a las infancias de posibles sustracciones por parte de familiares o agresores que permanecen en libertad.
Además, acusaron que en escuelas públicas no existen protocolos claros de entrega y recepción de alumnos, lo que agrava el riesgo para los menores. También señalaron que no se ha considerado el impacto de la inflación ni se garantiza el acceso efectivo a servicios de salud mental, actualmente limitados por la saturación y los horarios incompatibles con la jornada escolar.
Exigen diálogo y reformas
Entre sus demandas, el colectivo solicitó una reunión directa con el gobernador Manolo Jiménez, la designación de un enlace permanente entre la organización y el gobierno estatal, así como la revisión inmediata del decreto y la creación de políticas públicas enfocadas en brindar una vida digna a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
Asimismo, pidieron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Estado de Coahuila cuente con personal especializado en reparación del daño, señalando que su ausencia ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar en este tema.
edaa