M+.- En vísperas del 12.° aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, se espera la inminente presentación –antes que al público, a las familias– del nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa. Lo harán de manera conjunta la Secretaría de Gobernación y la Unidad Especial del tema, que está a cargo de Mauricio Pazarán y es parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el documento incluirá nuevas líneas de investigación, con las declaraciones de detenidos y las pruebas que las sustentan, y que las pesquisas seguirán abiertas hasta esclarecer los hechos y localizar a los jóvenes.
Tanto padres y madres como los observadores especializados en el asunto, sin embargo, han expresado expectativas de que el informe también permita avanzar hacia el esclarecimiento tanto del destino de los normalistas como de las responsabilidades de quienes participaron en los hechos y en las posteriores maniobras para encubrirlas mediante la imposición de la llamada “verdad histórica”.
Empecemos con cuatro hechos recientes
Primero, el arresto del exgobernador Ángel Aguirre Rivero el 6 de agosto, bajo cargos de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia relacionados con la destrucción u ocultamiento de evidencia sobre Ayotzinapa.
Además, en paralelo cayeron otras figuras locales, como el secretario de Salud de la época, el director del Servicio Médico Forense guerrerense, policías de Iguala y Huitzuco, así como los propietarios de la funeraria 'El Ángel'.
Luego, el análisis telefónico. Después de que la investigación inicial de la PGR ignoró este instrumento fundamental, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó un seguimiento de señales telefónicas que permitió descubrir que algunos números de los estudiantes permanecieron activos después de los ataques, así como los lugares donde estaban.
En la reunión con las madres y los padres del 27 de agosto, se les informó que la fiscalía está utilizando herramientas tecnológicas y análisis retrospectivo de información de telefonía para reconstruir la red de participantes. Esto, dijeron, permitió identificar a 10 personas hasta entonces no vinculadas.
Adicionalmente, el GIEI no regresa; se propondrán a otros especialistas. La segunda salida del Grupo Interdisciplinario, que sus miembros atribuyeron a la cerrazón del Ejército, fue la última: sus integrantes tienen otras tareas y no volverán, pese a la solicitud de los familiares de los desaparecidos. Se espera la búsqueda de sustitutos de tales expertos.
Cuarto hecho reciente: las extradiciones congeladas. A pesar de años de gestiones, ni Israel ni Estados Unidos han aceptado enviar a México, respectivamente, a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal acusado de tortura, ni a José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla de Iguala en 2014.
Además, en junio, Enrique Martínez Chávez, un exmilitar coacusado de desaparición forzada en este caso, fue detenido por el servicio de inmigración ICE en California durante una redada, pero no ha sido deportado a México.
Otras ocho expectativas
Una es la evidencia convincente. Se anunció la presentación de “datos científicos” y testimonios corroborados con otros testimonios.
La falsificación de la investigación que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) de 2014 a 2018, con declaraciones arrancadas bajo tortura y pruebas falsificadas, así como el descabezamiento de la fiscalía especial en 2022, hacen necesario reconstruir la confianza con procedimientos intachables y transparentes.
Cabe preguntar: ¿Cómo fue obtenida esa evidencia? ¿Se mantuvo la integridad de la cadena de custodia? ¿Quién la analizó y con qué metodología? ¿Qué conclusiones permite obtener? ¿Qué otras evidencias la validan? Lo mismo ocurre con los testimonios.
Otra es la cadena de responsabilidad. El exgobernador Ángel Aguirre logró no ser llamado a cuentas por su papel en el caso Ayotzinapa durante casi 12 años, hasta que fue detenido el 11 de agosto.
El informe debería precisar cuál fue su involucramiento, que difícilmente se limita a la anunciada acusación de que ordenó la destrucción de las videograbaciones de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala: ¿Qué se cree que quedó registrado en ellas? ¿Por qué la PGR de Murillo Karam afirmó que no existían? ¿Aparecía ahí el todavía “perdido” quinto autobús, el Estrella Roja 3278, clave en este misterio?
Además, lo que sucedió con otros sospechosos locales. Junto a las giradas contra 17 militares, en 2022 fueron canceladas sin explicación órdenes de aprehensión contra cuatro funcionarios estatales, incluida la de quien era el fiscal general del Estado en 2014, Iñaki Blanco. El fin de la impunidad del exgobernador contrasta con la que conserva su subordinado.
También es necesaria una explicación completa de la nueva investigación de telefonía. ¿Por qué no se había hecho con la misma profundidad o por qué ahora permite ir más lejos? ¿Quiénes son las 10 personas identificadas con este procedimiento? ¿Qué relaciones tuvieron con los actores involucrados? ¿Qué lugares concretos o nuevas pistas se desprenden?
Otro aspecto clave: las supuestas “20 bolsas con restos”. La reciente filtración sobre estas supuestas evidencias, que no es consistente con ninguna de las investigaciones previas como las de la PGR, del Equipo Argentino de Antropología Forense, del GIEI, de la Fiscalía Especial del caso, de la Comisión de la Verdad, así como las periodísticas.
Si el informe menciona restos humanos, las familias exigirán observar un estándar muy alto para establecer sin lugar a dudas el origen, la cadena de custodia y el análisis genético, todo con participación de peritos independientes, que permita tener certeza en la identificación o exclusión de esas muestras.
Una condición más es que no se cierre prematuramente ninguna línea de investigación. Las familias insisten en que debe investigarse también la posible responsabilidad de oficiales militares y funcionarios federales, ahora excluidos, no solo en la noche de Iguala, sino por su colusión con la trama de contrabando de heroína de Guerreros Unidos y otras organizaciones que le da marco al ataque contra los normalistas.
Y algo fundamental, los 800 folios desaparecidos. En 2022, el GIEI detectó que, entre los documentos a los que dio acceso el Ejército, faltaban 868 hojas de documentos foliados del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) de Iguala, una estructura de inteligencia militar que operaba en 2014.
La Defensa Nacional asegura haber entregado todo lo que tenía, pero después la Comisión de la Verdad logró hallar 18, por lo que los familiares siguen denunciando la retención de 850. En febrero de 2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México resolvió un amparo promovido por las familias y ordenó entregar la totalidad de la información generada en 2014 por el CRFI de Iguala y otras instancias militares de inteligencia, incluidos 853 folios.
Se requieren avances sustanciales y confiables
A la falta de esa documentación militar se sumaron la filtración sobre las supuestas 20 bolsas con restos, que fue atribuida a la Fiscalía General de la República, y la publicación de un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que descalifica lo hecho por todas las instancias de investigación y limita las responsabilidades al ámbito local.
Esto coincide con la desmontada “verdad histórica” de la PGR de Peña Nieto, cuyo objetivo fue proteger a los implicados a nivel federal. Todo esto genera desconfianza y sospechas sobre una posible maniobra o tentativa de un cierre en falso de la investigación.
El 6 de septiembre, el representante legal de las madres y los padres de los desaparecidos, el abogado Isidoro Vicario, expresó preocupación por un posible retorno a una versión semejante a dicha “verdad histórica”. Su expectativa fundamental es que el nuevo informe desvanezca ese temor y ayude a generar confianza al reportar avances sustanciales y confiables.
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(fact checking: JRH)
ksh
