En un operativo conjunto en el que participaron los tres niveles de gobierno, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a un hombre en posesión de un cargamento de sustancias ilícitas empaquetadas para su venta al menudeo, además de asegurar el vehículo particular en el que se desplazaba por este destino turístico.
Los hechos se registraron durante los recorridos de disuasión, prevención del delito y vigilancia vial implementados en las inmediaciones de la colonia Chula Vista. De acuerdo con el reporte oficial, el personal adscrito al Sector Naval de Cabo San Lucas detectó una actividad sospechosa sobre la marcha, por lo que procedió a activar los protocolos de intercepción perimetral.
La captura y posterior inspección se ejecutó mediante una estrecha coordinación interinstitucional, sumando las capacidades operativas de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y efectivos de la Policía Municipal de Los Cabos.
El desglose del arsenal de narcóticos
Al momento de realizar la revisión física del conductor y del habitáculo de la unidad motriz, las fuerzas del orden confiscaron al sospechoso múltiples paquetes dosificados que sumaban un total de 171 porciones listas para el mercado ilegal. El cargamento asegurado por los marinos constaba de las siguientes especificaciones:
- 115 dosis de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina (cristal).
- 31 dosis de un polvo blanco con propiedades de la cocaína.
- 25 dosis de una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.
Puesto a disposición federal
Tanto el individuo detenido en flagrancia como los narcóticos embalados y el automóvil de los civiles quedaron a disposición inmediata de la delegación de la Fiscalía General de la República.
Corresponderá al agente del Ministerio Público de la Federación iniciar la carpeta de investigación correspondiente, desahogar los peritajes químicos a las sustancias y presentar al imputado ante el juez de control para determinar su situación jurídica por delitos contra la salud.