A casi dos meses de que Dafne perdiera la vida en forma violenta en la academia Doenitz, se demanda en la Cámara Baja que la prohibición de escuelas militarizadas no se quede en un anuncio administrativo, porque existe el riesgo de que persistan prácticas que agredan física y psicológicamente a los menores como método formativo y conductual.
¿Qué propone la iniciativa sobre las escuelas militarizadas?
Se propone dejar escrito en la Ley General de Educación que no se van a permitir este tipo de prácticas en escuelas y campamentos en general, pues se considera que la prohibición legal requiere una declaración clara y contundente, planteó Margarita del Río, diputada de Morena.
La iniciativa argumenta que la protección de los menores debe aplicarse en todos los espacios en los que reciben educación, formación o disciplina, bajo el principio de que tienen derecho a que su dignidad y su integridad física sean respetadas.
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Protección de menores ante violencia en escuelas militarizadas
La propuesta retoma el marco nacional e internacional de protección a la infancia. Señala que el Artículo 4 Constitucional establece el principio del interés superior de la niñez y garantiza de manera prioritaria sus derechos a la vida, la integridad y un desarrollo sano.
También cita el Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga al Estado a proteger a los menores contra perjuicios, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y malos tratos.
El planteamiento sostiene que la prohibición debe quedar expresamente establecida en la legislación, pues mientras no exista una prohibición clara, puede persistir la percepción de que determinadas formas de castigo constituyen una práctica aceptable de disciplina.
¿Qué diferencia existe entre disciplina escolar y adiestramiento militar?
En la exposición de motivos también se establece una diferencia entre la disciplina escolar y el adiestramiento militar. La propuesta parte de que las medidas disciplinarias aplicadas a menores deben ser compatibles con su edad y desarrollarse bajo condiciones que preserven su integridad física, psicológica y social.
Por ello, una de las modificaciones propuestas al artículo 73 de la Ley General de Educación establece que quedaría estrictamente prohibida la impartición, promoción o implementación de modelos educativos, formatos de internado o técnicas de adiestramiento militarizado dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
La misma prohibición se incorporaría al artículo 74, relacionado con las acciones que deben desarrollar las autoridades educativas para prevenir y atender la violencia en el entorno escolar. De esta manera, el proyecto no solamente plantea impedir estos modelos, sino vincular esa prohibición con las obligaciones de las autoridades educativas en materia de protección y prevención de la violencia.
¿Qué pasaría con las escuelas militarizadas privadas?
Otro de los cambios se plantea en el artículo 146 de la Ley General de Educación, que regula la prestación de servicios educativos por particulares. La iniciativa propone que no se otorgue ni se mantenga la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios a particulares que incorporen reglamentos o prácticas de adiestramiento militarizado o castigos corporales para menores de edad.
La reforma también alcanzaría la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este caso, se propone modificar la fracción IV del artículo 105 para establecer que, además de la prohibición del castigo corporal y humillante, quede prohibido en todo el territorio nacional el establecimiento y operación de academias, internados, campamentos o centros privados que empleen disciplina castrense, adiestramiento militar o violencia física o psicológica como método formativo o conductual.
¿Qué pasaría con las autorizaciones de escuelas militarizadas?
El proyecto contempla además un plazo para retirar las autorizaciones existentes. De aprobarse, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas estatales dispondrían de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto para revocar las licencias, registros o permisos otorgados a planteles privados que contravengan las nuevas disposiciones.
La propuesta incluye también una medida para los establecimientos que operen al margen de las autorizaciones oficiales. El Ejecutivo federal, en coordinación con los gobiernos estatales, tendría que implementar un protocolo de inspección y clausura inmediata de establecimientos clandestinos o irregulares que operen bajo regímenes militarizados con menores de edad.
La diputada también incorpora antecedentes de instituciones que han utilizado este tipo de esquemas y refiere casos de denuncias por acoso, hostigamiento, abuso sexual, humillaciones, agresiones y prácticas de novatadas en planteles que recurrieron a modelos de disciplina militarizada.
¿Qué ocurrió con Dafne Zapata en Ciudad Madero?
Entre los casos citados aparece el de Dafne, de 13 años, quien ingresó a un curso de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. La iniciativa señala que permaneció cuatro días en el lugar antes de que su familia fuera informada de su fallecimiento y refiere que la necropsia estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión.
La propuesta recoge además testimonios de exalumnos que denunciaron prácticas como tablazos, golpes, discriminación, encierros y otras formas de agresión dentro de esquemas de novatadas. La iniciativa utiliza estos antecedentes para sustentar la necesidad de establecer una prohibición de alcance nacional.
¿Qué dijo la SEP sobre las escuelas militarizadas?
Tambiénse refiere la postura asumida por la Secretaría de Educación Pública después del caso de Dafne. La dependencia sostuvo que no puede justificarse, bajo el argumento de una supuesta educación militar, ningún acto de abuso, violencia, maltrato o práctica que atente contra la integridad física, psicológica o emocional de menores.
La SEP señaló además que la educación militar corresponde a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional y que no existe una modalidad de educación militar prevista para niñas, niños y adolescentes dentro de la educación básica.
Posteriormente, la dependencia pidió a las autoridades educativas estatales realizar una revisión exhaustiva de las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios otorgados a instituciones que utilizaran las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o alguna otra equivalente.
La iniciativa pretende llevar ahora esa posición al terreno legislativo mediante una prohibición expresa y establecer, además, mecanismos para retirar autorizaciones y clausurar establecimientos que continúen operando bajo estos esquemas.
SJHN
