El empresario Marco Antonio Santacruz Cuevas, propietario de un consorcio de empresas dedicadas a la distribución de cemento y construcción, se encuentra bajo la lupa por presuntamente comercializar material irregular conocido como cemento huachicol y utilizarlo en obras de infraestructura pública en Baja California.
Investigaciones de campo documentaron camiones con la marca Cemento Cachanilla que transportaban toneladas de material almacenado en bodegas informales, expuesto a la humedad y sin condiciones adecuadas de conservación.
La sospecha apunta a que este producto, presuntamente adulterado o recuperado del mercado ilegal, sería procesado en las plantas de su filial Trituasfaltos para después utilizarse en proyectos de Constructora Makro.
Contratos millonarios y antecedentes de irregularidades
El consorcio de Santacruz acumula contratos superiores a mil 800 millones de pesos en distintas administraciones estatales.
Durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid obtuvo más de 800 millones de pesos en asignaciones, entre ellas la construcción del Nodo Vial 20 de Noviembre, en Tijuana, obra que registró más de un año de retraso y observaciones administrativas.
Posteriormente, en noviembre de 2020, durante la administración de Jaime Bonilla, Constructora Makro recibió por adjudicación directa un contrato de 143 millones de pesos para la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario Tijuana-Rosarito.
El Dictamen 178 del Congreso estatal documentó irregularidades en el procedimiento, incluida una declaratoria de emergencia por fenómenos naturales cuya existencia fue cuestionada.
La obra, proyectada para seis meses, terminó entregándose hasta julio de 2025.
Nodo Morelos, la obra bajo la lupa
Pese a estos antecedentes, el gobierno de Marina del Pilar Ávila asignó al consorcio la ampliación y modernización del Nodo Morelos, proyecto vial cuyo presupuesto supera los 650 millones de pesos.
El tema del llamado cemento huachicol ya se encuentra recorriendo los pasillos del Congreso de la Unión ante los riesgos que representa para la seguridad de las construcciones y la economía de las familias.
Es por ello que la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, aprobó un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de fortalecer las acciones de vigilancia sobre la comercialización de productos cementeros y con ello, evitar que materiales fuera de norma continúen en el mercado.
Ahora, las investigaciones de la Fiscalía General de la República y del Servicio de Administración Tributaria buscan esclarecer el origen del cemento irregular y determinar si fue utilizado en esta infraestructura.
De confirmarse, además del posible fraude fiscal, estaría en riesgo la seguridad de una obra pública estratégica para la movilidad de Tijuana.
