Tras la publicación de la nueva ley que regula los centros de tratamiento de adicciones en Coahuila, autoridades municipales avanzan en el proceso de adaptación para alinear estos espacios al nuevo marco legal, informó Armando González, director de la Unidad de Prevención de la Violencia.
El funcionario explicó en entrevista para MILENIO que la legislación establece nuevas disposiciones para los ahora denominados Establecimientos Residenciales Especializados en Tratamiento de Adicciones, anteriormente conocidos como “anexos”, con el objetivo de garantizar procesos de rehabilitación dignos y con apego a los derechos humanos.
Censo, diagnóstico y seguimiento
Como parte de la implementación, se lleva a cabo un proceso en tres etapas que inicia con un censo de los centros existentes, seguido de una visita de diagnóstico para identificar necesidades y, finalmente, una fase de seguimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos.
“Lo que busca la ley es acompañar a los centros en su transición hacia una certificación completa por parte de la autoridad federal, a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones”, señaló González.
Detalló que, tras estas etapas, un comité integrado por instancias como Protección Civil, Gobernación y la Fiscalía de Derechos Humanos determinará si cada establecimiento cumple con los lineamientos necesarios para su validación.
Incrementa padrón de centros en Torreón
El director destacó que al inicio de la actual administración municipal se tenía registro de 75 centros en Torreón; sin embargo, tras las primeras capacitaciones y el llamado a regularizarse, la cifra aumentó a 89 establecimientos en el padrón de alertamiento.
“Esto significa que más centros se están sumando de manera voluntaria al proceso de regularización, lo que permite tener un mayor control y acompañamiento”.
Supervisión municipal continúa
González subrayó que, aunque la supervisión principal recae en instancias estatales y federales, el municipio mantiene facultades clave como la verificación de licencias de funcionamiento, uso de suelo, condiciones sanitarias y medidas de protección civil.
Además, resaltó la importancia de garantizar condiciones adecuadas en aspectos básicos como la alimentación, al comparar que si se inspecciona un negocio de comida, con mayor razón deben revisarse los espacios donde se atiende a personas en rehabilitación.
Capacitación y enfoque en derechos humanos
Como parte del proceso, el municipio ha impulsado capacitaciones dirigidas a encargados de los centros, incluyendo temas como primeros auxilios, manejo emocional y nuevas masculinidades, esta última programada en el Museo Arocena.
El funcionario señaló que la mayoría de los centros atienden a hombres, mientras que sólo entre cuatro y cinco están destinados a mujeres, por lo que también se vigila el cumplimiento de normas federales que prohíben la convivencia mixta sin separación adecuada de espacios.
Casos irregulares y clausuras
En cuanto a la supervisión, González Recordó el caso reciente de un centro donde, tras la fuga de dos usuarios, autoridades detectaron personas con signos de violencia, lo que derivó en la intervención de corporaciones de seguridad, el cierre del lugar y la apertura de investigaciones.
El funcionario agregó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de prevención de la violencia, que incluye tanto intervenciones tempranas en escuelas como el acompañamiento a personas en proceso de rehabilitación.
“El objetivo es sanar el dolor, evitar que se repitan conductas y cortar trayectorias que puedan derivar en violencia o delitos. Se trata de construir espacios dignos para una rehabilitación efectiva”.
cale
