El Congreso del estado de Chiapas aprobó la ley de interrupción del embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso y violación.
En sesión, se discutió esta iniciativa de ley que tiene como objetivo regular y garantizar en las instituciones del Sistema Estatal de Salud, el acceso a la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violación.
¿En qué consiste la ley?
Con la aprobación de esta ley, las niñas y adolescentes que hayan sido violentadas podrán acceder a un procedimiento médico de interrupción del embarazo seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación, bajo los principios de dignidad humana con perspectiva de género, con interés superior de la niñez y no de criminalización.
“Esta ley, busca que ninguna niña y adolescente tenga que enfrentar un embarazo forzado por culpa del silencio o la indiferencia institucional que ninguna adolescente sea obligada a revivir el trauma de una violación para poder acceder a un servicio médico, que ya le corresponde por derecho” abundó la diputada Andrea Negrón.
En esta ley se expresa que quienes hayan sido víctimas de violación y deseen interrumpir su embarazo, de manera inmediata se notificará a las autoridades judiciales para iniciar un procedimiento de investigación en torno a cada caso, ya que con esta ley se signa que el embarazo infantil no es una elección sino la consecuencia de un delito.
Embarazo infantil en Chiapas
En el estado de Chiapas, el embarazo en niñas y adolescentes continúa con cifras alarmantes, especialmente en niñas de diez años que han sido víctimas de abuso y violación.
“En Chiapas, miles de niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual cada año, tan sólo en 2022 más de ocho mil 700 niñas y adolescentes se convirtieron en madres y según diversos informes la gran mayoría de estos embarazos son productos de violación…..Cada una de estas cifras representa una vida truncada, una infancia arrebatada y un estado que llega tarde.” Expresó la diputada Andrea Negrón en su intervención sobre la discusión de esta ley.
La mortalidad materna que va de la mano de un antecedente de un embarazo infantil y adolescente, ha repercutido especialmente en zonas indígenas que por ignorancia o bajo el esquema de usos y costumbres de los pueblos indígenas muchos casos son omitidos y olvidados.
“En Chiapas sale el 40% de los partos ocurren en hospitales y la prevalencia anticonceptiva entre adolescentes apenas llega el 38%. La consecuencia es devastadora, mortalidad materna elevada, abandono escolar y pobreza entre generaciones” indicó la diputada Rosalinda López Sánchez.
rdr
