La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el dictamen para crear la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, la cual será la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución Política local.
El dictamen será presentado en el Pleno para dar cumplimiento al objetivo de reglamentar el artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México, indicó el diputado del PRI, Israel Betanzos.
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El presidente de esta comisión indicó las propuestas de los diputados Jorge Romero Herrera (PAN) y de Mariana Moguel Robles (PRI) destaca que la Sala Constitucional conocerá y resolverá las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, las acciones por omisión legislativa, entre otros.
Además del juicio de restitución obligatoria de derechos humanos, por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de emitir medidas para su ejecución; las impugnaciones por resoluciones emitidas por los jueces de tutela en acción de protección efectiva de derechos humanos; y las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de referéndum para declarar la procedencia, periodicidad y validez de éste.
Mientras que la Sala será integrada por siete magistradas y magistrados designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuya selección será en sesiones abiertas y transparentes, de acuerdo al procedimiento que establezca la Ley Orgánica. El número de integrantes de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro.
Los integrantes de la Sala Constitucional durarán hasta ocho años en el cargo y podrán ser ratificados.
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El artículo 80 de dicho dictamen de Ley menciona que: las acciones de inconstitucionalidad podrán ser interpuestas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, con al menos 33 por ciento de las y los diputados del Congreso; cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su competencia; la o el Fiscal General de Justicia.
Así como los partidos políticos en el rubro electoral, y la ciudadanía que considere afectados sus derechos por la vigencia de dicha Ley, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad.
Los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia también aprobaron el proyecto de dictamen por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en materia de Juicios Orales Mercantiles.
