Habitantes de la Sierra de Guerrero acusaron al gobierno estatal de omisión ante el presunto cautiverio de más de 100 personas por parte de La Familia Michoacana y exigieron que las autoridades activen investigaciones y búsquedas sin condicionar su actuación a la presentación de denuncias formales.
En un comunicado de Guajes de Ayala, difundido este jueves por el Ejido, los denunciantes respondieron al subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien afirmó que el gobierno estatal no tiene conocimiento formal del caso y llamó al sacerdote Filiberto Velázquez Florencio a presentar ante las autoridades la información que conoce.
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Habitantes temen represalias
Los habitantes rechazaron esa postura y sostuvieron que la ausencia de denuncias no significa que los delitos no existan, sino que las familias enfrentan amenazas y temen represalias si acuden al Ministerio Público.
Además, acusaron que las agencias ministeriales de la región, particularmente la de Coyuca de Catalán, estarían infiltradas y controladas por grupos criminales, por lo que acudir a esas oficinas representaría un riesgo para las víctimas y sus familiares. Estas acusaciones no han sido corroboradas de manera independiente.
Los denunciantes afirmaron que la cifra de más de 100 personas cautivas en la Sierra podría ser incluso mayor y señalaron que sus estimaciones coinciden con los testimonios atribuidos a campesinos liberados del ejido El Balcón, municipio de Ajuchitlán del Progreso, y difundidos por el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Velázquez.
En el documento, los habitantes aseguraron que mantienen tres denuncias en curso y reportaron que al menos nueve personas, familiares de habitantes de los anexos del ejido Guajes de Ayala, continuarían desaparecidas y presuntamente en poder de la organización criminal.
Entre las presuntas víctimas, advirtieron, se encontraría un niño de tres años de edad.
Los señalamientos se suman a la denuncia de Velázquez Florencio, quien informó que siete de los ocho hombres privados de la libertad en El Balcón y posteriormente liberados relataron que durante su cautiverio fueron sometidos a torturas, permanecieron esposados y encadenados y recibían una comida al día.
Según el sacerdote, los liberados refirieron que en los lugares donde estuvieron retenidos había otras 136 personas privadas de la libertad. Uno de los ocho hombres, Domingo Atanacio Quirino, continúa desaparecido.
Exigen investigar de oficio
Los habitantes argumentaron que la Fiscalía General del Estado debe iniciar investigaciones y acciones de búsqueda a partir del conocimiento de posibles desapariciones, incluso cuando la información provenga de declaraciones públicas o de organizaciones defensoras de derechos humanos.
En su comunicado, invocaron la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y sostuvieron que las autoridades no pueden supeditar sus obligaciones a que las familias presenten personalmente una denuncia, especialmente cuando hacerlo implica riesgos para su seguridad.
Por su parte, Rodríguez Cisneros afirmó que las acciones de búsqueda de Domingo Atanacio Quirino continúan y destacó que la liberación de los siete habitantes de El Balcón fue resultado de operativos e investigaciones coordinados por la Fiscalía estatal, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y corporaciones municipales.
El funcionario pidió al sacerdote Filiberto Velázquez y a cualquier persona que tenga información sobre otros posibles casos que la aporte ante las autoridades.
Los habitantes, sin embargo, insistieron en que el miedo a represalias y la presunta infiltración criminal de instituciones locales constituyen obstáculos para denunciar, por lo que exigieron que las autoridades investiguen los hechos y garanticen la seguridad de las familias.
AH
