Al considerar que existe un conflicto de intereses entre la labor que realiza Napoleón Gómez Urrutia en el Senado, y su injerencia con los sindicatos mineros, la activista y representante de Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach, desacreditó las reformas que pretende impulsar el legislador con una Ley Minera más enérgica.
En opinión de la activista se trata de una medida de presión para fortalecer su dirigencia en los sindicatos, “A mi me parece que Napoleón Gómez Urrutia tiene conflictos de interés evidentemente, por un lado, pide que se endurezca la ley contra las mineras, pero solo ataja cuando las empresas no tienen contrato colectivo con él”, puntualizó.
El senador anunció que va por leyes más severas para desarrollar y relanzar ese sector, donde menciona que las grandes firmas han dañado el medio ambiente sin las sanciones adecuadas, y en muchas ocasiones marginan a la población donde se sirven de los beneficios económicos.
De acuerdo con el también presidente y secretario general del Sindicato Nacional Los Mineros, la minería tiene un potencial enorme aun cuando ha caído el precio de los metales, pero ello no impide el desarrollo de las empresas, y eso se refleja en anuncios como el de la Cámara Minera, que perfiló inversiones de más de 20 mil millones de dólares para los próximos tres años.
Al respecto, Cristina Auerbach insistió que el legislador sólo levanta la voz cuando se trata de empresas que no tienen contrato colectivo con él, “Nunca ha dicho nada de las empresas canadienses, por ejemplo, porque en todas tiene un contrato firmado con él”, expuso.
La activista habló de la importancia de fortalecer primero al Estado, pues manifiesta que aunque se tenga un aparato bien establecido, éste es obsoleto si la autoridad no ejerce sus facultades aplicando la ley.
“Aquí, aunque se tengan leyes no pasan nada, es decir, estos días hemos ido a minas en Coahuila que están restringidas por la Secretaría del Trabajo y siguen operando”, apuntó al señalar el caso de la muerte de un trabajador en la mina Cloete Norte, cuyo propietario es Minera Junco, en la cual se operaba sin contar con una concesión.
Pese al accidente, dijo que las autoridades no procedieron a la sanción correspondiente y tampoco a indemnizar o proteger a la familia de la víctima.
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