Cuando apenas se echaba a andar la maquinaria de la transparencia en 2005, el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña se negó a entregar a un ciudadano una copia de su cheque. El ex funcionario panista fue el primer denunciado penalmente por violentar el derecho a la información, el cual es protegido desde hace diez años, con diferentes ajustes, en Jalisco.
De hecho, la transparencia fue regulada por primera vez en nuestro país en Jalisco. En 2001, el Partido Acción Nacional (PAN) impulsó en el Congreso del Estado la primera ley. Luego, tuvieron que pasar dos años para que la ley con la que arrancaría la protección del derecho a la información quedara confeccionada y dos años más para que se diera vida al organismo garante, el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei).
En estos diez años, Jalisco ha tenido cuatro leyes y diferentes reformas, así como tres presidentes, quienes contaron a MILENIO JALISCO la parte de la historia que les tocó vivir al frente del Itei.
El 2 de julio de 2005, sin recursos, edificio ni personal, Augusto Valencia López, ahora regidor de Zapopan por el partido Movimiento Ciudadano, fue designado como primer presidente del Itei, por un periodo de cuatro años. Fue a él a quien tocó denunciar penalmente a Ramírez Acuña, pero también obligar por primera vez a los diputados locales a entregar información sobre los recursos que recibían para las llamadas “casas de enlace”, en 2007.
Para Valencia López, la historia de la transparencia en Jalisco ha sido de “avances y retrocesos”. De hecho, considera que no ha podido instalarse como una política pública que mejore de manera constante. Al revés, afirma que si los actores políticos ven que el acceso a la información se facilita, vienen las reformas para frenarlo.
Recordó que Jalisco formó parte de un movimiento que se gestó en Monterrey, Nuevo León, del que surgió la primera ley, que entró en vigor de 2002, la cual era poco clara y con pocos artículos, por lo que en realidad nunca se aplicó. Fue entonces que un grupo de panistas impulsó la segunda legislación, que fue considerada de “vanguardia”, con la cual se creó el Instituto de Transparencia.
En esa primera etapa, relató, se previó que toda la información que se generara sobre recursos públicos, era susceptible de darse a conocer, además que el Itei era la última instancia como autoridad en la materia, como un órgano constitucional autónomo, con resoluciones vinculantes.
Valencia López señaló que la fuerza que tenía la ley, generó una relación violenta con los poderes públicos, especialmente porque el incumplimiento de una resolución era equiparable al delito de abuso de confianza. Desde el Congreso, se decidió que debía meterse freno para disminuir los alcances. El primer control, aseguró, fue nombrar consejeros que permitieran incidir en el Instituto.
Etapa de madurez
Después de un proceso manipulado por los partidos políticos, se decidió no ratificar a Augusto Valencia como presidente del Itei y lanzar una convocatoria. Tras no alcanzarse acuerdos, en 2009 se designó por “insaculación” a Jorge Gutiérrez Reynaga, quien afirmó que a él le tocó la etapa de “madurez” de la transparencia en Jalisco.
Gutiérrez Reynaga relató que la transparencia era una palabra que estaba en el discurso de los funcionarios públicos, “pero no en la práctica”. Además, había un Itei sin recursos ni personal suficiente. Y si la transparencia estaba en pañales en la zona metropolitana, en el resto del estado prácticamente no existía.
Por ello, indicó que se enfocó a la capacitación de los funcionarios públicos, para que entendieran que la información pública no era de su propiedad. Vinieron los talleres, el diplomado y los trámites de la maestría, que actualmente ya es una realidad.
Para Jorge Gutiérrez, la reforma que eliminó la sanción penal a los funcionarios públicos no fue adecuada, pues un funcionario que no es sancionado por no rendir cuentas, nunca abrirá la información. También lamentó que se hubieran incluido los procedimientos administrativos, lo que abrió la puerta al Tribunal de lo Administrativo, para echar abajo las resoluciones del Itei.
La evolución
La tercera presidenta del Itei, Cynthia Patricia Cantero, es más optimista. Ella asegura que la transparencia sí ha evolucionado, y la prueba es que hace diez años era una hazaña conocer cuánto ganaba un funcionario público o cómo se gastaba el dinero de los jaliscienses. Ahora, señala, “basta un click”.
Destacó también como avance el que ahora se pueda conocer información de seguridad pública, pues debe justificarse cuando se reserva. Además, la efectividad de las resoluciones del Itei: “Hace diez años nadie las atendía; el año pasado 98 por ciento de las quejas de los ciudadanos fueron favorables a éstos y en la mayoría de los casos se les entregó la información”.
Afirmó que ella recibió una institución con poca credibilidad, hacia las autoridades y a la sociedad, por lo que su reto ha sido generar confianza. Además, indicó que encontró un rezago de alrededor de cuatro mil notificaciones que no se habían entregado a quienes solicitaron información, algunas con una antigüedad de dos a tres años.
Para Cantero Pacheco ahora sigue la verificación de que la información que publican las autoridades sea verídica y que haya formatos accesibles, como bases de datos, que permitan incluso el cruce de información entre diferentes dependencias. También que este año todos los sujetos obligados tengan al menos una computadora e internet, para que en mayo de 2016, cuando entre en vigor la Ley General, puedan incorporarse a la transparencia.
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