El panorama del deporte universitario estadunidense, una institución arraigada en la cultura y la tradición del país vecino, se encuentra en un punto de inflexión. Durante décadas, el ideal del amateurismo rigió, con atletas que, a pesar de generar miles de millones de dólares para sus instituciones, no recibían compensación directa más allá de becas. Sin embargo, una serie de litigios antimonopolio y el auge del derecho a la compensación por el Nombre, Imagen y Semejanza (NIL) han desestabilizado este modelo, sumiendo al deporte universitario en un caos regulatorio.
En este escenario de incertidumbre y presiones crecientes, el presidente Donald Trump intervino con una orden ejecutiva el 24 de julio de 2025, con el fin de “salvar los deportes universitarios” y establecer un nuevo orden. Sí, “salvar” el deporte de acuerdo con sus palabras, en otra de sus estrategias de su postura política de Make America Great Again (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser Grande).
Pero, ¿qué significa realmente esta intervención presidencial y cuál es su impacto potencial en el futuro del deporte universitario?
La transformación del modelo universitario
Para comprender la magnitud de la orden ejecutiva de Trump, es crucial entender el contexto en el que se desarrolló. Durante más de una década, la NCAA (National Collegiate Athletic Association), el principal órgano rector del deporte universitario, ha enfrentado una avalancha de desafíos legales. Con una estricta política de amateurismo, que prohibía cualquier compensación a los atletas más allá de las becas, comenzó a desmoronarse con sentencias judiciales clave.
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— NCAA (@NCAA) July 17, 2025
Un punto de inflexión fue el fallo unánime de la Corte Suprema en el caso Alston contra la NCAA en 2021, que dictaminó que las universidades podían ofrecer premios académicos adicionales a sus atletas. A su vez, varios estados comenzaron a aprobar leyes que permitían a los atletas monetizar su NIL a través de acuerdos de patrocinio, desafiando directamente las prohibiciones de la NCAA.
Una fecha clave fue el 1 de julio de 2021, cuando la NCAA se vio obligada a ceder y permitir los pagos NIL, lo que, irónicamente, desató otra demanda antimonopolio, la de House contra la NCAA. Este caso culminó en un acuerdo millonario de $2.8 mil millones, que, por primera vez, autorizó a las universidades a pagar directamente a los atletas, con un límite de $20.5 millones por equipo.
Sin embargo, la falta de un sistema NIL organizado y la eliminación de las antiguas normas de transferencia de la NCAA han generado un entorno caótico. Los promotores se han aprovechado de la falta de regulación, y los atletas ahora cambian de universidad con regularidad en busca de acuerdos más lucrativos. Las “guerras de ofertas” por el talento han escalado, al punto de que algunas universidades y sus promotores externos han gastado más de $50 millones al año en la formación de sus plantillas, principalmente para deportes rentables como el futbol americano.
Ante este panorama, los líderes del deporte universitario, desesperados por una regulación que estabilice el sistema, han presionado al Congreso durante años para que apruebe una ley federal. La Ley SCORE, que busca brindar a la NCAA y a las conferencias protección antimonopolio y anular las leyes estatales contradictorias sobre NIL, ha logrado un avance significativo en la Cámara de Representantes. No obstante, la profunda división partidista en el Congreso ha impedido una solución legislativa duradera, al menos hasta la fecha.
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¿La orden ejecutiva es una solución o un parche temporal?
En este ambiente de urgencia, la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 24 de julio se presenta como un intento de imponer orden y estabilidad. La Casa Blanca la anunció con el ambicioso titular: “El presidente Donald J. Trump salva los deportes universitarios”. Pero, ¿qué implica realmente esta orden y qué tan efectiva puede ser?
La orden ejecutiva de Trump destaca varios objetivos clave, muchos de los cuales se alinean con las demandas de la NCAA y las principales conferencias universitarias.
Para empezar, la protección de deportes femeninos y Olímpicos. La orden busca preservar y, de ser posible, ampliar las oportunidades de becas y competencia deportiva universitaria en deportes femeninos y no lucrativos. Este es un punto crucial, ya que el desvío de fondos hacia los deportes rentables (futbol americano y baloncesto masculinos) amenaza la viabilidad de otras disciplinas.
La orden prohíbe explícitamente los pagos por juego de terceros a atletas universitarios, con la excepción de la compensación legítima y de valor justo de mercado por patrocinios de marca. Este punto refleja el deseo de la NCAA de mantener la distinción entre el deporte universitario y el profesional, evitando que los atletas sean considerados empleados de las universidades.
La aclaración del estatus laboral de los atletas, ya que la orden instruye al Secretario de Trabajo y a la Junta Nacional de Relaciones Laborales a aclarar dicho estatus. Bajo una administración republicana, esto probablemente significaría reducir las posibilidades de que los atletas obtengan derechos de organización o afiliación sindical, lo que sería un punto de fricción clave con los demócratas.
La orden busca que el Fiscal General y la Comisión Federal de Comercio encuentren formas de devolver el poder de elaboración de normas a la NCAA, las conferencias y otros organismos rectores, alejándolo de los tribunales y las legislaturas estatales. Este es un claro respaldo a la autonomía de la NCAA para regular el deporte universitario.
Por medio de la Protección Antimonopolio y Contra Litigios, se insta al Departamento de Justicia a explorar posibles litigios contra los estados que aprueben leyes en conflicto con las normas de la NCAA, al argumentarse que violan las leyes de comercio interestatal y son inconstitucionales. Esta medida busca proteger a la NCAA y a las conferencias de la constante amenaza de demandas antimonopolio.
Los beneficiados y los perjudicados
La orden ejecutiva de Trump, a primera vista, parece darle buenos dividendos principalmente a las instituciones universitarias y a la NCAA. Como señaló Marc Edelman, profesor de derecho deportivo en Baruch College, la orden “parece un comunicado de prensa de la NCAA”. Las principales conferencias como la Big Ten, Big 12, ACC, SEC y Pac-12 emitieron un comunicado conjunto elogiando la acción del presidente y la alineación con la Ley SCORE. El director atlético de Alabama, Greg Byrne, también aplaudió la orden, al destacar su potencial para garantizar un modelo sostenible a largo plazo del atletismo interuniversitario.
Para las universidades, la orden ofrece un respiro ante la incertidumbre legal y un intento de contener la escalada de los pagos NIL. Si bien busca proteger deportes no lucrativos y los deportes femeninos, la limitación de la compensación directa a los atletas ha sido la raíz de muchos de los problemas y litigios actuales.
Por otro lado, la orden ejecutiva no parece ser particularmente amigable con los atletas. Aunque se menciona la protección de las oportunidades, la restricción de los pagos directos y la posible limitación de sus derechos laborales van en contra de la tendencia hacia una mayor compensación y derechos para los estudiantes-atletas. La complejidad de llegar a un consenso entre los más de 190 mil atletas de la División I hace que sea difícil determinar cuánto desean realmente estos beneficios colectivos.
Limitaciones y desafíos
La principal crítica a la orden ejecutiva es su aplicabilidad y durabilidad a largo plazo. En entrevista con The Athletic, Sam Ehrlich, profesor de la Universidad Estatal de Boise, dijo que “habría sido un desastre si hubiera intentado otorgar una exención antimonopolio, o si hubiera intentado esencialmente aprobar una ley por su cuenta”. Esto se debe a que una orden ejecutiva no es una ley. No puede promulgar legislación, no puede otorgar exenciones antimonopolio ni anular leyes estatales. El Congreso, y solo el Congreso, tiene esa autoridad.
Cualquier política surgida de una orden ejecutiva puede ser impugnada en los tribunales y, crucialmente, revertida por la siguiente administración. Esto significa que, a pesar de la intención de traer estabilidad, la orden ejecutiva podría generar más incertidumbre para los deportes universitarios. Los líderes del deporte universitario necesitan una ley federal que proporcione protecciones antimonopolio duraderas y la primacía sobre las leyes estatales, algo que una orden ejecutiva no puede ofrecer.
La Casa Blanca, consciente de estas limitaciones, ha indicado que espera hacer cumplir las políticas a través de decisiones de financiación federal, la aplicación del Título IX, la prohibición de acciones inconstitucionales por parte de los estados en la regulación del comercio interestatal y otras protecciones, en colaboración con el Congreso y los gobiernos estatales. La amenaza de las decisiones sobre financiación federal es especialmente relevante, dado el historial de la administración Trump de suspender fondos a instituciones de educación superior por diversas acusaciones.
Además, la orden podría implicar atacar a estados y universidades donde el propio Trump tiene un fuerte apoyo, lo que podría generar tensiones políticas y legales inesperadas. La complejidad de la implementación y la posibilidad de que se convierta en una declaración sin ningún resultado son preocupaciones legítimas.
La intervención presidencial de Trump es la más significativa y directa del poder ejecutivo en el atletismo universitario desde que las peticiones de reformas de seguridad en el futbol americano del presidente Theodore Roosevelt llevaron a la creación de la NCAA en 1906. También evoca el precedente de la orden ejecutiva de Lyndon B. Johnson en 1967, que allanó el camino para la aprobación del Título IX, transformando las oportunidades deportivas para las mujeres.
Su participación eleva la visibilidad de los problemas que enfrentan los deportes universitarios y podría motivar a los legisladores a actuar. Sin embargo, la profunda polarización política en Washington es un obstáculo considerable. Mientras los republicanos se centran en proteger a la NCAA de litigios y leyes estatales, los demócratas exigen mayores protecciones para los atletas, incluyendo el derecho a ser considerados empleados y a organizarse sindicalmente. Un panorama de incertidumbre en Estados Unidos y sus deportes colegiales.
FCM
