Federación y estado establecieron un convenio para prevenir y erradicar el embarazo en niñas y adolescentes, enfocado en detectar y prevenir contextos de violencia sexual y familiar que suelen detonar esta problemática. No obstante, para la abogada Gabriela Ibarra, la estrategia resulta limitada, excluyente y con acciones de bajo impacto.
El acuerdo deriva de la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, impulsada por la Secretaría de las Mujeres en coordinación con gobiernos estatales, la cual focaliza sus acciones en 50 municipios de 21 estados del país.
En el caso de Tamaulipas, el plan de acción publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación contempla solo al municipio de Reynosa, mediante una donación en especie de 468 paquetes que serán distribuidos casa por casa, en escuelas, instituciones de salud y oficinas públicas.
Los paquetes incluyen guías y trípticos informativos, juegos didácticos, libretas, mochilas y otros materiales escolares, así como carteles, viniles, calendarios, discos del ciclo menstrual, marcadores y materiales sobre derechos sexuales y reproductivos, además de información respecto a dónde denunciar casos de violencia.
De acuerdo con el DOF, estos insumos buscan contribuir a la prevención de la violencia sexual, las uniones forzadas y los embarazos adolescentes, así como promover entornos seguros en comunidades, escuelas y espacios públicos.
Sin embargo, para la exprocuradora del DIF Altamira, Gabriela Ibarra Lozano, que el plan se limite a Reynosa resulta deficiente, ya que municipios como Altamira también representan un foco rojo en materia de embarazo adolescente y violencia sexual, sin que hasta ahora se haya informado sobre su inclusión en la estrategia.
“Altamira tiene una alta incidencia de embarazo adolescente. Al tener un mayor crecimiento de población en la zona urbana, motivado por la oferta de vivienda de interés social más accesible que en otros municipios, muchas familias viven en espacios reducidos, lo que incrementa el riesgo de delitos sexuales contra niñas y adolescentes”, señaló.
Añadió que otro factor de riesgo es la presencia de un mayor número de comunidades ejidales que aún se rigen por usos y costumbres, aunado a la escasa participación de las autoridades municipales en la impartición de pláticas sobre prevención de delitos sexuales y mecanismos de denuncia.
Asimismo, condenó la falta de atención institucional por parte de la Procuraduría del DIF y del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) de Altamira, al señalar que no se da seguimiento a los protocolos de actuación establecidos por el Sipinna estatal y nacional.
“Las denuncias notificadas por las escuelas por posibles casos de violencia o abuso sexual no se canalizan adecuadamente, debido a la falta de atención y seguimiento por parte del DIF y el Crede Altamira”, puntualizó.
yc
