La comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas, mercancía robada y otros productos de procedencia ilícita a través de plataformas digitales como Facebook Marketplace se mantiene prácticamente sin supervisión debido a un vacío legal que impide exigir a estas empresas la verificación de las operaciones entre particulares.
El secretario del Clúster de Tecnologías del Estado de Guanajuato, Diego Martín González, señaló lo anterior, luego de casos recientes como lo sucedido durante una fiesta de XV años celebrada el 6 de junio en la comunidad Puerto de Valle, Salamanca donde fallecieron cinco personas por consumir alcohol adulterado adquirido en León mediante redes sociales con la promesa de ser botellas originales de tequila Centenario.
Te recomendamos...
Diego González, especificó que estas situaciones, evidencian la urgencia de establecer una regulación que delimite las responsabilidades de las plataformas y fortalezca la protección de los consumidores, y aunque existen leyes que regulan la comercialización de bebidas alcohólicas y otros productos en establecimientos físicos, esas disposiciones no se han trasladado al entorno digital, lo que ha generado una “zona gris” en materia jurídica.
“¿Quién regula estas aplicaciones o la venta digital? Hoy es prácticamente tierra de nadie, porque todavía no existe un trabajo legislativo en materia de derecho digital que establezca claramente quién es el responsable”, señaló
Indicó que plataformas como Marketplace fueron concebidas originalmente para facilitar la compraventa entre particulares de artículos usados o que ya no tenían utilidad para sus propietarios; sin embargo, con el paso del tiempo se han convertido en espacios donde también se comercializan productos en grandes volúmenes, muchas veces para evadir obligaciones fiscales o vender mercancía de origen ilícito
Entre los artículos que pueden encontrarse, dijo, hay bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas, productos robados, mercancía clonada e incluso otros bienes cuya procedencia resulta difícil de comprobar.
González Almanza explicó que actualmente las leyes municipales, estatales y federales establecen qué actividades son ilegales, pero no definen la responsabilidad de las plataformas digitales cuando esas operaciones se realizan por internet.
Por ello, consideró necesario que exista una mayor intervención del Gobierno Federal para establecer reglas claras que obliguen a las empresas tecnológicas a implementar mecanismos de control. “Todos somos libres de publicar un producto, pero la plataforma también debe asumir una responsabilidad sobre el tipo de mercancía que permite comercializar”, expresó.
Como ejemplo, mencionó los controles implementados recientemente en algunas plataformas de comercio electrónico para las importaciones provenientes de China, donde ya se solicita información como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la Clave Única de Registro de Población (CURP) para determinadas operaciones.
A su juicio, mecanismos similares podrían aplicarse en plataformas de compraventa entre particulares para brindar mayor certeza sobre la identidad de vendedores y compradores.
El secretario del Clúster señaló que, en caso de que un consumidor resulte afectado por una compra fraudulenta, la plataforma debería contar con sistemas que generen un número de operación o registro de la transacción, información que podría servir como evidencia para presentar una denuncia ante la Fiscalía.
Sin embargo, reconoció que incluso con esos mecanismos persiste otro desafío: verificar que la identidad registrada corresponda realmente a la persona que realizó la operación.
Señaló que el debate sobre la regulación del comercio digital y la protección de los datos personales seguirá creciendo conforme aumenten las operaciones realizadas a través de plataformas electrónicas, por lo que consideró indispensable actualizar el marco legal para cerrar los vacíos que hoy aprovechan quienes comercializan productos ilícitos en internet.
