En la zona sur de Tamaulipas, la actividad relacionada con litigios inmobiliarios mostró un repunte significativo. En apenas dos meses, los requerimientos administrativos y judiciales se ubicaron muy por encima de su promedio habitual.
De acuerdo con el director regional del Instituto Registral y Catastral, Thomás Rubio Zenil, “entre diciembre y enero se atendieron 144 solicitudes de información vinculadas a procesos legales”, cuando el promedio mensual ronda apenas 20 escritos.
El aumento se agudizó en diciembre de 2025, con 118 peticiones, lo que representa un incremento de 490% respecto a la media mensual, mientras que en enero del presente año se registraron 26 solicitudes, 30% por encima del promedio, según los registros de la dependencia que atiende trámites de Tampico, Madero, Altamira y Aldama.
Los requerimientos, explicó, “provienen de fiscalías, juzgados de distrito, juzgados de primera instancia civiles y familiares, juntas de conciliación y tribunales laborales, entre otras autoridades que solicitan información sobre la situación jurídica de propiedades”.
Señaló que en la mayoría de los casos se trata únicamente de solicitudes de datos, aunque en situaciones excepcionales la autoridad ha pedido cancelar una inscripción registral para sustituirla por otra.
Rubio Zenil expresó que el repunte observado en diciembre podría estar relacionado con conflictos por invasiones de terrenos, particularmente en municipios como Altamira y Ciudad Madero, donde se han presentado disputas por la posesión y titularidad de predios.
Expuso que en algunos casos los requerimientos obedecen a la detección de duplicidades de fincas, lo que obliga a los propietarios a acudir ante la autoridad judicial para que el inmueble quede inmovilizado mientras se resuelve el litigio. Recalcó que el Registro Público no crea derechos, sino que da publicidad a los actos jurídicos celebrados entre particulares a través de notarios, siempre que cumplan los requisitos legales.
Crecimiento poblacional incrementa riesgo de fraudes inmobiliarios
En ese contexto, advirtió que el crecimiento poblacional incrementa también el riesgo de fraudes inmobiliarios, aunque en otros casos se trata de errores de escrituración que terminan judicializando como denuncias por despojo. Entre los procedimientos más frecuentes se encuentran juicios hipotecarios, embargos mercantiles, laborales y civiles, así como aseguramientos vinculados a pensiones alimenticias o procesos penales. También se han detectado delitos como la usurpación de identidad.
Thomas Rubio reconoció que la legislación aún presenta vacíos, particularmente en materia de verificación biométrica, ya que en Tamaulipas todavía no es obligatorio que los notarios validen huellas dactilares u otros datos de validación de identidad, bastando en muchos casos con la presentación de una credencial del INE.
Ante este escenario, insistió en la importancia de que los propietarios contraten el servicio de alerta patrimonial, una herramienta preventiva que, por un costo anual de 352 pesos por predio, permite al titular recibir notificaciones cada vez que alguien solicita un trámite relacionado con su bien inmueble.
La alerta se activa desde Ciudad Victoria y avisa por teléfono o correo electrónico sobre cualquier movimiento, desde una simple solicitud de información hasta certificados de libertad de gravamen o reservas de dominio.
El funcionario aclaró que, al tratarse de un registro público, el servicio no puede negarse a los solicitantes; sin embargo, el aviso permite que el propietario esté enterado y pueda actuar oportunamente ante cualquier irregularidad.
El director regional agregó que en diciembre también se registró un aumento general en los trámites ciudadanos, impulsado por el uso de aguinaldos para cubrir derechos, concluir operaciones notariales, compraventas y liberaciones de créditos de Infonavit, Fovissste, bancarios o entre particulares. Por lo que respecta al pasado mes de enero, aseguró que no se observó un impacto significativo de la llamada “cuesta” en la actividad registral.
Finalmente, comentó que el Instituto Registral y Catastral de la zona sur es el más grande del estado, con un promedio de 500 trámites y una recaudación mensual de entre 10 y 12 millones de pesos.
ICGC
