Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en México, pero solo con un día de descanso; María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), señaló que se trata de una decisión de alto impacto estructural que modificará de manera significativa las condiciones de operación del aparato productivo nacional.
Si bien el sector industrial reconoce la importancia de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, advirtió que la reforma -tal como ha sido aprobada- carece de un diseño integral que considere plenamente la realidad operativa de las empresas, la heterogeneidad sectorial y el entorno de desaceleración económica que enfrenta el país.
El proceso legislativo -explicó- ha derivado en un cambio que obligará a una reorganización profunda de turnos, procesos productivos y estructuras de costos, generando presiones adicionales sobre la competitividad nacional, particularmente en sectores intensivos en mano de obra y en las micro, pequeñas y medianas empresas que integran las cadenas de valor.
"Cualquier reforma laboral debe basarse en un principio de corresponsabilidad entre Estado, trabajadores y empresas, evitando trasladar de manera unilateral los costos de transición al sector productivo".
Por ello -apuntó- será indispensable que el gobierno federal diseñe incentivos fiscales temporales para la transición; establezca esquemas de flexibilidad sectorial y gradualidad diferenciada; impulse programas nacionales de productividad, capacitación y digitalización; reduzca cargas regulatorias y costos de cumplimiento; y fortalezca políticas de formalización laboral.
"Exhortamos a las autoridades a abrir un proceso de revisión técnica permanente que permita evaluar el impacto real de la reforma y realizar ajustes regulatorios oportunos, evitando efectos adversos sobre el empleo, la inversión y el crecimiento."
México -dijo- requiere políticas laborales que equilibren el bienestar social con viabilidad económica, reconociendo que la competitividad industrial es condición indispensable para el desarrollo sostenible. Reiteró su disposición a colaborar en la construcción de mecanismos que permitan implementar la reforma sin comprometer la estabilidad del aparato productivo, priorizando la productividad, la innovación y la generación de empleo formal
Por su parte, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Mauricio Massud Martínez, indicó que muchas empresas ya presupuestaron la reducción de la jornada laboral y la aplicarán de manera inmediata, dependiendo del sector y el tipo de operación que realicen, aunque otras tantas lo harán de manera gradual.
"Este fue uno de los posicionamientos que tuvo el sector empresarial, que fuera gradual, no logramos que fuera sectorial, pero en el entendido de que las operaciones son distintas de un sector a otro, llámese industria o de las diferentes ramas empresariales, que desde ahora la estarán aplicando para generar una mejor planeación".
La mayoría de las unidades económicas, especialmente 98 por ciento de las pymes -resaltó- lo estarán haciendo de manera gradual para no tener un alto impacto en costo y esperando que los próximos años, 2027, 2028, 2029 y 2030, cuando entra de lleno la reducción de la jornada laboral, finalmente tengan condiciones económicas más favorables, es decir, crecimientos de al menos 3 a 4 por ciento anuales, para de alguna manera contrarrestar el impacto que dejará el cambio.
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