La diputada federal Marcela Michel López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada en materia de seguridad digital, resiliencia cibernética y protección en eventos masivos.
La propuesta llega en un momento en que, a nivel local, Jalisco enfrenta una realidad que evidencia la urgencia de actualizar el marco regulatorio: de las 289 empresas de seguridad privada con registro vigente en el estado, solo una cuenta con autorización federal de la dirección general de Seguridad Privada para operar fuera de la entidad, según datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
La legisladora por Jalisco explicó que la seguridad privada dejó de ser una actividad limitada a la vigilancia física y hoy forma parte de la gestión integral de riesgos. Sin embargo, el marco jurídico no ha evolucionado al mismo ritmo.
De acuerdo con estimaciones del sector, en México operan más de 8 mil empresas de seguridad privada con más de 600 mil elementos, cifra que supera la suma de las policías estatales y municipales del país, y una parte importante de estos servicios opera en la informalidad o sin la profesionalización adecuada.
¿Cuáles son los puntos de la propuesta?
Capacitación obligatoria en derechos humanos, con la que las empresas deberán acreditar que sus planes de formación incluyen contenidos actualizados en la materia y los protocolos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, para prevenir abusos y detenciones arbitrarias en espacios privados de acceso público.
Nueva modalidad de seguridad en eventos masivos, que abarca el control de accesos, la gestión de flujos de personas y la preservación del orden en actividades deportivas, culturales, recreativas o comerciales, en coordinación con las autoridades de protección civil y seguridad pública.
La iniciativa también incorpora la resiliencia cibernética al ampliar la modalidad de seguridad de la información para incluir el análisis de vulnerabilidades, la prevención de ataques cibernéticos y los protocolos de respuesta y recuperación ante incidentes.
Además, regula el uso de inteligencia artificial en las centrales de monitoreo que procesen imágenes o alertas generadas por videovigilancia con analítica de datos, las cuales quedarán sujetas a la ley y deberán contar con cifrado de datos y seguridad perimetral informática para proteger la ubicación y las rutinas de los usuarios.
Otros puntos relevantes son la prohibición de uniformes con insignias o grados jerárquicos propios de corporaciones policiales o de las fuerzas armadas, la publicación de amonestaciones firmes contra empresas en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada para que la ciudadanía pueda consultar su historial antes de contratarlas, y la obligación de que los contratos de servicio especifiquen los alcances y límites de la responsabilidad civil de la empresa.
Michel López subrayó que México se ha consolidado como sede de eventos y torneos deportivos de talla mundial, por lo que es indispensable contar con estándares de seguridad y gestión de multitudes que prevengan tragedias como las ocurridas en otros países.
Añadió que el cibercrimen genera en el país pérdidas superiores a 3 mil millones de dólares anuales, lo que convierte a las centrales de monitoreo sin protección digital en puntos vulnerables frente a la delincuencia. En el texto de la iniciativa, la diputada señala que la seguridad es un derecho que habilita el ejercicio de todos los demás, y que la reforma busca asegurar que la tecnología esté siempre al servicio de las personas y nunca por encima de sus derechos fundamentales.
La propuesta establece plazos de 365 días naturales para que las empresas actualicen sus programas de capacitación e implementen las medidas de ciberseguridad, y de 120 días para adecuar sus uniformes. Su aplicación no requerirá recursos presupuestales adicionales, ya que se integrará a los programas y funciones existentes de las autoridades competentes. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen.
Panorama en Jalisco
En Jalisco, el panorama local refleja la magnitud del reto. De acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la entidad operan actualmente 289 empresas de seguridad privada con registro vigente, 83 de ellas con autorización de carácter estatal, las cuales suman una fuerza laboral superior a los 10 mil 500 elementos operativos. El registro estatal no solo confirma si la compañía cuenta con la documentación en regla, sino que detalla los giros específicos para los que está habilitada formalmente, entre los que destacan la vigilancia y protección de bienes inmuebles o fraccionamientos, el traslado y custodia de valores, la instalación y monitoreo de sistemas de alarma, y los servicios de blindaje y consultoría en seguridad.
