Legisladores del Congreso de Hidalgo propusieron reformar el Código Penal local para que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio, incluso cuando haya sido clasificada de forma preliminar como accidente o suicidio.
La legisladora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Diana Rangel Zúñiga, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio; sin embargo, destacó que existen investigaciones que se inician sin aplicar dicho principio lo que genera omisiones, revictimización e impunidad.
Te recomendamos
A su vez, la legisladora propone fortalecer la obligación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) para aplicar y difundir protocolos especializados de investigación en delitos de violencia contra las mujeres.
El Código Penal Federal y los códigos penales de las entidades federativas han tipificado distintos delitos relacionados con la violencia de género, como el feminicidio, la violencia familiar y la violencia digital. No obstante, aún existen vacíos legales que impiden la adecuada persecución y sanción de ciertas formas de violencia que no encuadran dentro de los tipos penales existentes, lo que contribuye a la impunidad y la cifra negra de casos no denunciados.
La iniciativa no implica impacto presupuestal porque no crea nuevas instituciones, no establece órganos adicionales, ni genera la obligación de contratar personal o asignar partidas extraordinarias. Su contenido es normativo y de técnica legislativa, orientado a fortalecer los criterios de investigación y la aplicación de la perspectiva de género dentro de las atribuciones que tiene la PGJEH.
La propuesta se limita a establecer una presunción jurídica inicial respecto de las muertes violentas de niñas, adolescentes y mujeres, así como a precisar la obligación de aplicar protocolos especializados que ya forman parte del marco de actuación institucional. Es decir, no se crean nuevas funciones, sino que se refuerza la forma en que deben ejercerse las competencias existentes.
Las autoridades encargadas de la investigación ya cuentan con estructura orgánica, personal ministerial, pericial y policial, presupuesto autorizado y protocolos nacionales y estatales en materia de feminicidio y desaparición.
Por tanto, la reforma no implica la creación de programas nuevos ni la implementación de infraestructura adicional, sino el fortalecimiento del deber de debida diligencia bajo parámetros que ya son exigibles conforme al marco jurídico.
