Hidalgo emerge como uno de los estados con mayor reducción en pobreza laboral al cierre de 2025, con una caída de 4.6 puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de tasas cercanas al 40 por ciento a un 35.4 por ciento, según el estudio “Persistencia en Pobreza Laboral 2024-2025” del Centro Espinosa Yglesias (CEEY).
No obstante, esta mejora superficial oculta una dura realidad: el 65.7 por ciento de los hogares hidalguenses en pobreza laboral a finales de 2024 –aproximadamente 450 mil de 685 mil– permanecieron atrapados en esa condición durante todo 2025, impactando a más de 1.8 millones de personas en un estado donde la economía informal absorbe al 55 por ciento de la fuerza laboral y la migración estacional hacia Estados Unidos no logra romper el ciclo de precariedad.
En municipios como Tulancingo, Mineral de la Reforma y Actopan, donde el empleo en maquiladoras textiles y agroindustria predomina, los ingresos medios mensuales de 6 mil 200 pesos apenas cubren la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro, exacerbando la vulnerabilidad ante la inflación alimentaria que subió 5.2 por ciento anual. Este panorama refleja una tendencia estatal marcada por brechas regionales profundas: mientras la zona metropolitana de Pachuca reporta una incidencia del 32.1 por ciento, las sierras de Zacualtipán y Huejutla superan el 48 por ciento, con comunidades indígenas nahua y otomí, enfrentando tasas de hasta 52 por ciento debido a la falta de acceso a mercados laborales formales y la dependencia de remesas, que en 2025 representaron el 12 por ciento del Producto Interno Bruto estatal pero no se traducen en inversión productiva local.
Regiones y actividades
A nivel nacional se expone una paradoja alarmante: aunque la pobreza laboral general descendió a un sitio entre el 32.3 por ciento y el 34.3 por ciento en 2025 –su mínimo histórico según BBVA Research e Inegi–, la persistencia afecta a 7.8 de cada 11.9 millones de hogares pobres al cierre de 2024, es decir, dos de cada tres permanecieron estancados. Esta “trampa estructural” se agudiza en el sur-sureste, con Chiapas (61.1 por ciento), Oaxaca (58.1 por ciento) y Guerrero (52.3 por ciento) por encima de la media, donde el 70 por ciento de los trabajadores son jornaleros agrícolas con ingresos inferiores a 4 mil 500 pesos mensuales.
En contraste, el norte industrializado como Nuevo León (22.4 por ciento) y Querétaro (25.6 por ciento) muestran persistencias por debajo del 40 por ciento, impulsados por nearshoring y exportaciones manufactureras que generaron 450 mil empleos formales en 2025.
Los factores clave identificados en el estudio incluyen el desfasaje entre el crecimiento del PIB (2.8 por ciento) y los salarios reales, erosionados por una inflación alimentaria del 6.1 por ciento que elevó la canasta básica de 2 mil 300 a 2 mil 450 pesos mensuales por persona. La informalidad laboral, que cubre al 54.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), genera ingresos volátiles: un ambulante en la Ciudad de México promedia 180 pesos diarios, insuficiente para cuatro personas. Además, la brecha de género persiste, con mujeres jefas de familia en pobreza laboral al 38.2 por ciento versus 29.1 por ciento en hombres, agravada por la carga de cuidados no remunerados. Ruralmente, el 48.4 por ciento de incidencia contrasta con el 30.2 por ciento urbano, donde pequeños productores de maíz y frijol en Hidalgo enfrentan precios de garantía insuficientes ante sequías.
El CEEY desglosa datos trimestrales: en el III trimestre de 2025, 42.3 millones de mexicanos no cubrieron la canasta básica, pese a 1.2 millones de nuevos empleos formales vía IMMEX. Estados como Durango (+3.9 pp) y San Luis Potosí (+5.5 pp) retrocedieron por caídas en minería y automotriz, mientras Tlaxcala (-5.6 pp) avanzó con textil. La persistencia se mide en “trayectorias”: 25 por ciento de hogares pobres en 2024 escalaron a vulnerabilidad moderada en 2025, y solo 15 por ciento alcanzó la media.
Expertos como Vanessa Leyva del CEEY proponen un “ingreso básico universal rural” de mil 500 pesos bimestrales, complementado con formalización vía incentivos fiscales a Pymes y capacitación para 5 millones de jóvenes.
En Hidalgo, esto implicaría expandir “Empleo Joven Hidalgo” hacia agroindustria ecológica, alineada con el Plan de Desarrollo 2025-2030. Políticamente se cuestiona la narrativa oficial: mientras Morena celebra el “mínimo histórico”, el CEEY advierte que sin atacar la persistencia, la pobreza laboral podría repuntar al 36 por ciento con presiones inflacionarias globales.
