A un año y tres meses de que salieran a la luz las primeras denuncias por presunto abuso sexual contra menores del preescolar Juan Enrique Pestalozzi, en León, la maestra Guadalupe “N” fue sentenciada a 6 años y 8 meses de prisión, además se ordenó que la inscripción de su nombre en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
También se ordenó la inhabilitación para laborar o ejercer cargo público en el Estado y se le negaron los beneficios de la condena condicional y conmutación de sanciones.
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Aún cuando ya fue emitida una sentencia por la agresión a cinco menores, se presume que el número de víctimas aún puede ser mayor.
En entrevista exclusiva con Milenio, Francisco Javier Juárez León, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), quienes dieron acompañamiento a las víctimas durante este proceso, informó que se conoce al menos de dos casos más de abuso sexual contra adolescentes que hasta ahora han decidido no denunciar.
“La información que nosotros traemos es que no quisieron denunciar, pero sí están esos dos no quisieron denunciar, pero nosotros estamos abiertos a continuar si ellos en algún momento quieren denunciar vamos a iniciar un proceso nuevo”, señaló el comisionado.
Incluso, dijo, familiares han referido que podría haber más casos, aunque la Comisión no cuenta con información suficiente para establecer una cifra.
“Ubicados a ellos dos. Sabemos por dichos de los demás padres que hay más, pero te mentiría si te dijera algún número”, expresó.
La resolución contempla 6 años y 8 meses de prisión, una multa de 80 UMAs (lo que corresponde a 9 mil 051 pesos) los 150 mil 400 pesos de reparación de daños, la suspensión de sus derechos político-electorales, su separación como educadora frente a grupo y la imposibilidad de ocupar cargos públicos en Guanajuato.
También deberá recibir tratamiento psicoterapéutico y permanecer inscrita en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales del estado.
De acuerdo con el comisionado, tanto la multa de 80 UMAs, la reparación del daño y la sentencia, es el acumulado del caso de las cinco familias.
Agregó que las familias fueron consultadas durante el proceso y que aceptaron que el caso se resolviera mediante un procedimiento abreviado, principalmente para evitar que los menores tuvieran que atravesar un juicio prolongado.
El comisionado aseguró que la sentencia también contempla que la maestra no podrá acceder a beneficios que le permitan evitar el cumplimiento de la pena completa.
“Se le van a negar los beneficios de una condena condicional y la conmutación de sanciones. O sea, ella va a estar los seis años ocho meses en prisión”, aseguró.
La docente, quien utilizaba el llamado “juego del pato” como dinámica dentro del salón de clases, reconoció su responsabilidad por los cargos de abuso sexual mediante un procedimiento abreviado.
La sentencia fue dictada este martes, luego de que el lunes las partes expusieron ante el juez los argumentos relacionados con el caso y quedara pendiente la resolución. La audiencia estaba programada para las 10:00 de la mañana y comenzó unos minutos después.
De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, durante la audiencia de explicación de sentencia condenatoria se determinó que fueron acreditados cada uno de los elementos del delito de abuso sexual agravado, así como la culpabilidad y reprochabilidad de la sentenciada.
A partir de esa denuncia, otras familias comenzaron a identificar cambios en el comportamiento de sus hijos, entre ellos ansiedad, tristeza, aislamiento y rechazo a acudir al preescolar.
De acuerdo con los testimonios recabados por MILENIO durante el caso, la docente utilizaba una dinámica en la que los menores respondían preguntas y recibían supuestos premios o castigos; según las denuncias, los premios consistían en tocamientos y los castigos podían incluir golpes en el estómago.
La maestra había trabajado aproximadamente siete años en el plantel, por lo que durante la investigación las familias manifestaron su preocupación por el número de menores que pudieron haber sido afectados.
Ante la falta de avances que los padres consideraban suficientes, a inicios del mes de julio de 2025 realizaron manifestaciones afuera del preescolar Juan Enrique Pestalozzi para exigir justicia. Finalmente, Guadalupe “N” fue detenida y vinculada a proceso bajo prisión preventiva el 10 de julio de 2025.
El proceso se prolongó durante más de un año y, cuando se encontraba en su etapa final, se incorporó una quinta víctima, por lo que la audiencia para definir la situación jurídica de la acusada tuvo que ser aplazada para integrar este nuevo caso.
Uno de los familiares de una de las víctimas señaló que uno de los principales pendientes es la reparación del daño moral, pues consideró insuficiente la cantidad económica ofrecida por la defensa, aunque reconoció que, de acuerdo con lo explicado durante el proceso, estaría determinada conforme a lo que establece la ley.
“No hay reparación de daño moral y este es el más grave”, manifestó.
También consideró que los 6 años y 8 meses de prisión representan una sanción limitada frente a las consecuencias que los hechos pueden generar en los menores.
“Creo que es una justicia a medias, con más consideración al victimario que a las propias víctimas”, señaló.
El familiar explicó que las familias decidieron aceptar el procedimiento abreviado precisamente para evitar que los menores tuvieran que enfrentar un juicio prolongado y volver a relatar los hechos.
“No se optó por la vía larga del juicio para no revictimizar a los menores. Esa es la razón de aceptar el abreviado”, concluyó.
El titular de la dependencia estatal aseguró que se continuará acompañando a las cinco familias y que mantendrá abiertas las puertas para los adolescentes y otras posibles víctimas que decidan solicitar apoyo o presentar una denuncia.
“Vamos a continuar brindando la atención a ellos y como te decía que si en algún momento las personas que no quieren denunciar se animan a denunciar nosotros estamos ahí atentos”, finalizó.
