La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) obtuvo dos sentencias condenatorias que suman un total de mil 018 años y cuatro meses de prisión en contra de Édgar Francisco 'N'. El sujeto fue hallado culpable del delito de fraude masivo en perjuicio de 107 familias leonesas, a quienes engañó con falsos remates bancarios.
De acuerdo con los reportes ministeriales presentados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Región A, el hoy sentenciado operaba a través del despacho jurídico denominado "Punto Legal".
Te recomendamos...
Mediante este negocio ofertaba inmuebles bajo la promesa de supuestos remates bancarios; sin embargo, las investigaciones demostraron que Édgar Francisco 'N' no contaba con ninguna facultad legal para vender las propiedades, ni estas se encontraban sujetas a algún proceso de litigio.
"La resolución judicial establece una penalidad acumulada de mil 018 años y cuatro meses de prisión, además de ordenar la reparación integral del daño por más de 33 millones de pesos en favor de las víctimas, sentencia histórica sin duda", dijo Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del Estado de Guanajuato.
La resolución derivó de las solicitudes presentadas por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Región A y se consolidó los días 26 y 30 de junio de 2026, cuando los tribunales dictaron dos sentencias condenatorias contra Édgar Francisco “N”: la primera, de 438 años y cuatro meses de prisión, y la segunda, de 580 años, para un total de mil 018 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude.
“Aunque la legislación penal del estado establece un límite máximo de compurgación de 80 años de cárcel, el verdadero triunfo de esta resolución radica en la protección integral de los derechos de los ofendidos, logrando que el juez impusiera al sentenciado la obligación irrestricta de devolver cada peso obtenido ilícitamente”, señala un comunicado de la FGEG.
El fallo judicial también ordena la reparación del daño por un monto superior a 33 millones de pesos, integrado por 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material, 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados. La institución informó que dará seguimiento al cumplimiento de esta resolución.
"Detrás de este caso, hay trabajo de investigación, integración de pruebas y sobre todo, el compromiso de colocar a las víctimas en el centro de nuestra actuación, no buscamos únicamente una sentencia ejemplar, trabajamos para que quienes fueron engañados, puedan recuperar lo que les fue arrebatado”, puntualizó Vázquez Alatriste.
