La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México investiga cuatro casos de posible violación a la ley por el incumplimiento al principio de equidad y paridad de género en igual número de ayuntamientos que integraron su respectivo gabinete sin otorgar al menos 50 por ciento de los espacios a mujeres.
El contralor Juan José Hernández Vences, precisó que por ahora están desahogando cuatro casos de este tema en los ayuntamientos de Calimaya, Atizapán de Zaragoza, Teoloyucan y Metepec.
Los cuales esperan determinar antes de que concluya el año, para determinar si hay falta que castigar y la sanción en cada caso, a cada uno de los y las integrantes del cabildo que hayan aprobado una asignación de cargos de manera ilegal.
Realizarán búsqueda si no hay más casos
En entrevista el funcionario legislativo que independientemente de estos casos, al finalizar el año, como parte de su programa anual, van a hacer una revisión en todos los ayuntamientos, durante todo el año, para determinar si hay más casos que no fueron denunciados, donde deba intervenir la Contraloría legislativa.
En estos casos no basta, acotó, con revisar el primer nombramiento que hacen, pues existe mucha movilidad en los ayuntamientos y en ocasiones llevan decenas de ajustes al padrón de servidores públicos de confianza en altos cargos, con lo cual pudieron haber violado la ley en una o varias ocasiones y todo eso debe ser sancionado.
Es difícil estar pendiente de todos los ajustes que se hacen en cada una de las administraciones municipales, sería necesario tener a una persona pendiente las 24 horas; sin embargo, si pueden ir hacia atrás, revisar los acuerdos y determinar cuándo hubo falta y las personas involucradas, pues las faltas administrativas no graves tienen hasta tres años para iniciar su investigación.
Juan José Hernández recordó que, con las reformas de paridad en todo, a partir de estas administraciones municipales las y los alcaldes de los 125 municipios estaban obligadas a hacer nombramientos en las distintas direcciones con equidad de género, pero no se cumplió en todos los casos.
Además, con la reciente reforma constitucional, se reforzó la medida y desde el mes pasado se les mandó un recordatorio a todos los alcaldes y alcaldesas de la necesidad de ajustarse a esta norma, para que quienes no estaban dentro del marco legal hicieran los ajustes necesarios.
“Lo que estamos viendo por fuera es que no empezaron tan bien, pero lo están haciendo; creo que es nuestra función que las cosas estén conforme a derecho y en este caso, si es una falta no grave podrían aplicar una amonestación privada o pública o hasta una inhabilitación de hasta un año” de acuerdo con cada caso, si no hay antecedentes de otro tipo de faltas.
Procedimiento puede tardar hasta un mes
El contralor aclaró que los procedimientos administrativos no son rápidos porque deben hacer una investigación, solicitar documentación, datos y hasta las constancias de mayoría de cada uno de los funcionarios de elección popular que se investigan, hay que dar garantía de audiencia, sustanciar el proceso donde se llevan como cuatro meses.
Después viene la resolución, de manera que un procedimiento puede tardar entre 6 y 7 meses o hasta un año, si llegan a interponer algunos recursos de inconformidad o protección.
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