En los últimos cinco años 9 mil 417 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de algún delito sexual en Guanajuato; el 65 por ciento sufrió un abuso sexual, es decir se registraron al menos 89 casos por mes, así informó la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo.
Explicó que estas cifras son de acuerdo a las carpetas iniciadas por la Fiscalía General del Estado entre 2020 y 2025; estas reflejan que, 6 mil 114 casos fueron de abuso sexual, 2 mil 360 de violación, 265 de violación equiparada, 572 de acoso sexual, 103 de hostigamiento sexual y 3 de incesto.
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Los datos fueron dados a conocer por la mandataria estatal acompañada de la secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández; de Arcela González González, secretaria de la Honestidad y de Alejandro Sierra Lugo, consejero Jurídico de Gobierno del Estado, al insistir sobre la urgencia de la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, que tendrá que ser aprobado por el Congreso del Estado.
Una vez que se dé su creación, la gobernadora dijo que será de consulta obligatoria en instituciones educativas, sociales y laborales antes de realizar contrataciones, además contempla cambios clave: que estos delitos no prescriban, evitar la revictimización y obligar al Estado a adoptar medidas de prevención en escuelas y familias.
“Entonces imagínense nada más en abuso sexual, en acoso sexual, en hostigamiento sexual, en incesto, que en 2021 hubo tres carpetas de investigación, solo en ese año se iniciaron carpetas, por violación, por violación equiparada. Entonces imagínense nada más cuando estamos hablando de 2020 a 2025, la sumatoria de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de algún tipo de delito sexual”, detalló la gobernadora.
La mandataria estatal, enfatizó que las iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado buscan fortalecer la prevención y garantizar la transparencia. Hizo un llamado a los legisladores para que se trabaje en conjunto con el Ejecutivo Estatal, dado que representa un paso importante hacia una protección integral de la niñez y adolescencia en Guanajuato.
“Entonces pues bueno esta es una iniciativa para mí que tiene mucha importancia, mucha relevancia y vamos a estarle dando seguimiento muy puntual, ya estará la coordinación y las diferentes instancias participando del Ejecutivo Estatal, participando en estas mesas de trabajo para hacer valer nuestra opinión, pero pues desde aquí un llamado muy respetuoso al Congreso de Guanajuato para que trabajemos todas y todos juntos en garantizarles a nuestras niñas y niños una vida plena”, dijo.
La primera iniciativa plantea la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, un sistema que permitirá identificar a quienes tengan sentencia por delitos sexuales. La segunda iniciativa corresponde a una reforma al Código Penal en materia de violencia familiar, que endurece las sanciones de 1 a 6 años pasa a un rango de 2 a 9 años de prisión, con multas de hasta 90 días; y en casos agravados, la pena podrá alcanzar de 3 a 12 años.
“Cuando se comete un delito sexual, las víctimas cargan con las consecuencias para toda su vida; por eso los agresores también deben enfrentar consecuencias permanentes. Este Gobierno no va a permitir que vuelvan a poner en riesgo a nuestras hijas e hijos”, enfatizó la gobernadora.
La segunda iniciativa también contempla la eliminación de beneficios procesales que favorecían la reincidencia, suprime la exigencia de violencia física como condición para la persecución de oficio y deroga el artículo 221-B, con lo cual se cierran vacíos legales y se garantiza mayor protección a las víctimas en situación de vulnerabilidad.
La tercera iniciativa propone la adición del artículo 57 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con lo que el acoso sexual cometido por servidores públicos se tipifica como falta administrativa grave. Esto permitirá sanciones severas, incluida la destitución del cargo, y armoniza la legislación estatal con tratados internacionales para consolidar entornos laborales seguros, incluyentes y libres de violencia.
