M+.- En Guanajuato, funerarias supuestamente vinculadas a colectivos de búsqueda de personas no localizadas han encontrado una forma de lucrar con la tragedia.
Operan bajo esquemas en los que ofrecen presuntos “funerales gratuitos” a familiares de víctimas de homicidio violento y desapariciones, aunque en realidad los servicios son cubiertos con recursos públicos gestionados ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, mismos que, a su vez, son trasladados como pago a estos establecimientos.
Bajo este mecanismo, los negocios ofrecen embalsamamiento, ataúd y traslado del cuerpo a deudos que atraviesan momentos de crisis; servicios que aparentan no cobrar, pero en realidad cubre la Comisión.
Por si fuera poco, también cobran por trámites para obtener los apoyos gubernamentales destinados precisamente a las víctimas indirectas del delito.
MILENIO documentó este esquema en establecimientos ubicados en Celaya e Irapuato, operados por personas que se presentan como integrantes del colectivo de búsqueda Una Luz en el Camino, quienes además solicitan aportaciones económicas periódicas a los beneficiarios de dichos apoyos.
Uno de estos establecimientos se localiza a menos de 100 metros del edificio de la Fiscalía General del Estado, Región C, en Celaya. En el sitio, una lona con la leyenda Servicios Funerarios Juan Pablo II se acompaña del nombre del colectivo y anuncios donde se ofrece:
“Funerales gratis a víctimas de homicidio violento”. También promocionan “apoyo a víctimas de desaparición”, “asesorías jurídicas gratuitas” y gestión de ayudas económicas.
Durante una visita realizada por este medio, el personal explicó que para acceder al servicio únicamente se requiere el documento emitido por la Fiscalía donde se reconoce la “calidad de víctima”.
“Nosotros lo que te podemos ofrecer es el servicio funerario gratuito que incluye la embalsamación, apoyo con el trámite y el traslado del cuerpo”, explicó una mujer que atendía el lugar; sin embargo, el servicio no es gratuito: la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas se lo paga a la funeraria, que a su vez gestiona el recurso.
Al mencionar que el supuesto fallecimiento había ocurrido en Irapuato, la mujer consultada por MILENIO respondió de inmediato que también cuentan con oficinas en ese municipio y pidió que el cuerpo fuera canalizado directamente con ellos desde la Fiscalía para iniciar el procedimiento.
“Necesito que entren y den toda la información de la funeraria de nosotros para que ya manden el cuerpo con nosotros, y nosotros podamos hacer el trámite para que sea gratuito”, señaló.
Además del servicio funerario, el grupo ofrece gestionar apoyos económicos para hijos menores de edad o adultos mayores dependientes de la víctima, recursos que provienen de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, donde el trámite es absolutamente gratuito y sin intermediarios.
“El apoyo económico está llegando por semestre… se les da a personas mayores de 60 años o menores de edad dependientes del fallecido. Por medio de la Comisión Estatal de Víctimas nosotros gestionamos que se les dé el apoyo”, explicó.
La mujer detalló que los beneficiarios reciben alrededor de tres mil 312 pesos mensuales mediante ayudas alimentarias, pero aclaró que el colectivo solicita a cambio una aportación de 400 pesos mensuales “hasta que llegue el apoyo”.
“Gran parte de las funerarias y colectivos obtienen beneficios económicos por dos vías: el cobro de servicios funerarios mediante recursos públicos y las cuotas periódicas entregadas por las propias familias beneficiarias”, detalló.
Estos son los requisitos para iniciar el trámite
A través de volantes se puede leer que los requisitos que debe presentar la persona beneficiaria son:
- Documento que acredite la calidad de víctima, credencial de elector (INE).
- CURP.
- Acta de nacimiento.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Un estado de cuenta que contenga el nombre del banco, nombre de la persona beneficiaria, número de cuenta y cuenta CLABE.
- Acta de matrimonio (en caso de ser casado).
En la visita que documentamos, la trabajadora aseguró que el apoyo acumulado puede alcanzar cantidades cercanas a los 20 mil pesos cuando el depósito corresponde a seis meses.
“Aquí tengo mis hojitas de los que me están depositando; son 19 mil 872 pesos por los seis meses. De estos casi 20 mil pesos se les pide la aportación de los 400 pesos mensuales al colectivo, que son 2 mil 400 pesos por semestre”, precisó. Asimismo, indicó que se maneja un monto mensual para evitar confusiones en caso de que el depósito pueda variar en su periodicidad.
—¿Y por cuánto tiempo será el pago de los 400 pesos? —se le preguntó.
—Es indefinido (…) mientras se siga metiendo el trámite para que ustedes sigan recibiendo el apoyo, ustedes tienen que seguir cumpliendo con el colectivo —respondió.
La mujer también explicó que todas las personas deben firmar documentos donde aceptan realizar dichas aportaciones económicas una vez recibido el recurso.
“No se les pide hasta que no se les deposite. Si te depositan seis meses, tú ya tienes el compromiso, ya has firmado aquí el compromiso de la aportación voluntaria; yo les digo que es voluntaria, pero realmente es un compromiso que tienen ya”, señaló.
Incluso reconoció que parte del dinero recaudado sirve para sostener la operación del colectivo y pagar al personal en distintas oficinas.
“Somos un movimiento que necesita; ahora la licenciada gestiona las búsquedas, todo tiene un costo que tienen que estar cubriendo y es por eso que se les pide la aportación. Yo también percibo un sueldo; igual como yo hay otras personas en otras oficinas del estado trabajando”, justificó.
“Que no te hagan cambiar de opinión; la Fiscalía te quiere poner otra funeraria”
En varios momentos de la conversación, la empleada insistió en que la familia debía mantenerse con la funeraria asignada por ellos y evitar cambiarla por otras opciones ofrecidas fuera de la Fiscalía.
“Que no te hagan cambiar de opinión, porque a veces ellos te quieren poner otra de fuera. Aquí, pues, como te digo, no te va a generar ningún costo”, insistió.
El recorrido realizado por este medio permitió documentar que el negocio opera a escasos metros de la Fiscalía Regional de Celaya, lugar al que diariamente acuden familiares de víctimas de homicidio y desaparición para reclamar cuerpos o iniciar investigaciones.
La ubicación estratégica permite el acercamiento a personas que atraviesan momentos de crisis emocional y desconocen los procedimientos legales posteriores a un asesinato.
Durante toda la conversación, la mujer utilizó un discurso enfocado en generar confianza con las víctimas.
“Somos un grupo muy grande de personas que todas hemos pasado por una situación similar; desgraciadamente, Guanajuato está terrible”, dijo en voz baja. También insistió en que el trámite debía iniciarse lo antes posible para alcanzar a ingresar los apoyos y recibirlos el próximo semestre.
“No estamos lucrando, es un acuerdo entre ambas partes”
MILENIO buscó a la representante del colectivo Una Luz en el Camino”, Norma Patricia Barrón Núñez. Al plantearle la situación, rechazó que la agrupación lucre con las víctimas o condicione los apoyos gubernamentales, aunque confirmó que los integrantes realizan aportaciones económicas para sostener las actividades de acompañamiento, asesoría jurídica y búsquedas.
La activista mencionó que el colectivo comenzó a trabajar con funerarias luego de que las familias de víctimas de homicidio enfrentaban serias dificultades para costear servicios funerarios o encontrar establecimientos que les otorgaran facilidades de pago.
“Yo no considero que sea una manera lucrativa; simplemente se les está apoyando, y ellos también al mismo tiempo apoyan para las búsquedas, se apoya para los trámites que se tienen que hacer, las gestiones necesarias, meter abogados; o sea, es un acuerdo entre ambas partes”, justificó Barrón Núñez, quien aseguró que, cuando ocurre un homicidio, las familias reciben acompañamiento jurídico y apoyo para gestionar ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas el reembolso de gastos funerarios.
Insistió en que las aportaciones “no son de manera obligatoria”. No obstante, la versión de la representante del colectivo contrasta con lo documentado en el establecimiento de Celaya, donde la trabajadora explicó explícitamente que las víctimas debían firmar compromisos relacionados con el dinero a entregar.
El apoyo gubernamental para gastos funerarios ronda actualmente los 21 mil 714 pesos, recurso que, afirmó Barrón Núñez, se entrega mediante trámites realizados formalmente ante la CEAIV.
El recurso es para solventar gastos
Barrón Núñez aseveró que dichos recursos son utilizados para solventar gastos operativos relacionados con asesorías, traslados, impresiones, acompañamiento legal y actividades de búsqueda.
“Realmente el colectivo vive de esas aportaciones, pero para poder apoyar a las mismas víctimas; en estos rangos estamos siguiendo también incluso las reparaciones del daño, con aquellas personas que ya encontraron a quienes cometieron estos hechos”.
Confirmó a MILENIO que cuentan con oficinas y presencia en distintos municipios del estado, además de realizar acompañamientos permanentes a víctimas que buscan acceder a apoyos gubernamentales o impulsar investigaciones penales.
“Cuando se abre una oficina por parte de un colectivo o de una asociación, obviamente es para que estos apoyos salgan a la luz, salgan a relucir y no queden escondidos. Sabemos que hay apoyo, pues hay que ayudarles a que ellos puedan acceder a ellos; es la única finalidad que tiene el colectivo”, aseguró.
Durante la entrevista, Barrón Núñez defendió que muchas víctimas recurren al colectivo debido a que consideran insuficiente el acompañamiento institucional que reciben por parte de las autoridades.
“Muchas veces hacen su trámite ante la comisión y no les dan resultados; vienen con nosotros y ven otra manera diferente de tratar a las víctimas”, manifestó. La activista concluyó asegurando que cuentan con documentación de todos los acuerdos realizados con las personas que aportan esa cantidad, sin entrar en mayores detalles.
