El operativo realizado en una terminal de hidrocarburos de San José Iturbide, Guanajuato, donde fueron asegurados más de 59 millones de litros de combustible, fue iniciado de manera autónoma por la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), con participación de la Policía Estatal y sin intervención inicial de las áreas centrales de la Fiscalía ni de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta, Claudia Sheinbaum, explicó que las delegaciones de la FGR tienen facultades para realizar investigaciones y solicitar directamente ante jueces federales órdenes de cateo o aprehensión, sin que necesariamente tengan que pasar primero por las áreas centrales.
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“Los delegados de la Fiscalía General de la República, por ejemplo el delegado en Tabasco, tiene autonomía para poder sacar una orden de aprehensión con un juez federal”, señaló.
En el caso de Guanajuato, Sheinbaum detalló que la investigación comenzó a partir del seguimiento de pipas que ingresaban y salían de la instalación, algunas de las cuales presuntamente no contaban con toda la documentación, y señaló que durante las primeras acciones también participó la Policía Estatal de Guanajuato.
“La información, según lo que nos ha comentado la Fiscalía General de la República, todo el operativo, el aseguramiento de esta instalación, la apertura de todo el procedimiento, vino de la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado de Guanajuato”, explicó.
La presidenta aclaró que en esa primera etapa no intervino la FEMDO ni otra fiscalía central de la FGR, sino que fue la delegación estatal la que llevó a cabo la investigación y el operativo.
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“No intervino delincuencia organizada ni ninguna otra fiscalía central, sino la Fiscalía General de la República, que tiene delegaciones en las 32 entidades y particularmente fue esta delegación (Guanajuato)”, puntualizó.
Sheinbaum señaló que el gobierno federal tuvo conocimiento del operativo a través del gabinete de seguridad y que, al tratarse de una actuación de la FGR, se asumió inicialmente que se encontraba dentro de la legalidad.
Posteriormente, luego de que la empresa propietaria de la instalación difundiera un comunicado en el que aseguró contar con la documentación necesaria, la Fiscal General de la República decidió atraer la investigación para determinar si la operación y el combustible se encontraban dentro del marco legal.
“Cuando sale el comunicado de la empresa, la fiscal general toma la decisión de atraer la investigación para revisar si sí es regular o no”, indicó.
La investigación quedó posteriormente en manos de la FEMDO, que revisa la documentación y los permisos de la empresa para determinar si existe alguna irregularidad.
