El feminicidio de la ciudadana canadiense Ángela Louise Birkenbach, ocurrido en octubre de 2023 en Tepic, Nayarit, continúa generando controversia jurídica y familiar, en medio de acusaciones de tráfico de influencias, falsedad en declaraciones y una disputa por la custodia de sus dos hijos menores.
La madre de la víctima, Virginia Ann Hemingson, ha denunciado que el caso se ha visto afectado por decisiones judiciales y movimientos legales que involucran autoridades de Nayarit y Jalisco, además de una disputa por herencia que habría sido uno de los móviles del crimen.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el 9 de octubre de 2023 Ángela Louise Birkenbach fue secuestrada, dos días después, el 11 de octubre, su cuerpo fue localizado en Tepic, Nayarit, con huellas de violencia y un disparo de escopeta.
Las investigaciones apuntan a que el feminicidio habría sido planeado durante más de siete años, dentro de un contexto de conflictos familiares y patrimoniales.
Tras el asesinato, se iniciaron procesos judiciales en Nayarit, donde se investiga al presunto autor material del crimen, cuyo caso continúa en curso en tribunales de esa entidad.
Luego del feminicidio, la custodia de los dos hijos de la víctima, de 16 y 13 años, quedó bajo resguardo del Sistema DIF Jalisco.
Sin embargo, los menores permanecen bajo el cuidado de Primavera Romero, situación que ha sido cuestionada por familiares, quienes aseguran que los menores de edad estarían siendo utilizados como mecanismo de presión y manipulación dentro del conflicto legal.
Incluso, se autorizó por parte de un juez federal que los menores ingresaran a convivencias dentro del penal Venustiano Carranza, en Tepic, lo que ha generado inconformidad entre los familiares de la víctima.
El caso también ha tenido ramificaciones en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde se habrían presentado recursos legales basados según denuncias en declaraciones presuntamente falsas y contactos dentro del gobierno estatal.
Para este martes está programada en Tepic la audiencia intermedia contra el presunto autor material, etapa en la que se realizará la exclusión de pruebas dentro del proceso penal.
El caso también ha reavivado el debate sobre la aplicación de la llamada Ley Monzón, impulsada en Puebla tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón en 2022, la cual establece la suspensión de la patria potestad para personas vinculadas a proceso por feminicidio.
Hasta ahora, Jalisco no cuenta con una legislación similar vigente, lo que ha generado cuestionamientos sobre la protección legal de los menores en este tipo de casos.
Ante la desesperación de la madre de la víctima, esta mañana viajó desde Vancouver hacia la Ciudad de México en donde ha emprendido una protesta frente a las instalaciones del DIF Nacional en la colonia Santa Cruz Atoyac en la alcaldía Benito Juárez donde piden que las autoridades intervengan en la recuperación de los niños por parte de la abuela paterna.
CHZ
