Una familia originaria de Cuautlancingo denunció un presunto caso de despojo inmobiliario que, aseguran, fue orquestado mediante la falsificación de documentos legales y el uso indebido de influencias políticas por parte de un hombre identificado como Alfredo Romero, quien presuntamente se ostenta como exintegrante de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y presume vínculos con actores políticos.
De acuerdo con Daniel Jesús Pérez Denicia, representante legal de la afectada, los hechos se remontan al año 2020, cuando a raíz de la pandemia fallecieron el esposo y el cuñado de su clienta, quienes eran copropietarios de un terreno ubicado en los límites de Cuautlancingo y la zona de Romero Vargas. El predio, que se encontraba arrendado a la gasera 'RomeGas' quedó en una situación vulnerable que, presuntamente, fue aprovechada por terceros.
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El abogado explicó que, tras los decesos, se habría falsificado un poder notarial en la Notaría Número Uno de Tepeaca para intentar concretar la venta del inmueble a favor de Alfredo Romero; quien era el dueño de la gasera y quien decidió dejar de cubrir sus mensualidades de renta y hacerse pasar como propietario del inmueble.
Sin embargo, al solicitar información al Archivo General de Notarías, se detectó que dicho instrumento no correspondía a un poder, sino a una compraventa distinta, lo que evidenció la presunta irregularidad, frenando así dicho proceso.
Al no lograr inscribir la operación en el Registro Público de la Propiedad debido a que el predio ya contaba con un aviso de adjudicación a favor de la familia, los presuntos responsables habrían recurrido a una segunda maniobra: la falsificación de un pagaré con firmas apócrifas de los propietarios fallecidos, con el objetivo de iniciar un juicio mercantil.
A través de este proceso legal, se habría buscado embargar, rematar y adjudicarse el terreno por un monto de 400 mil pesos, cifra mucho menor a la existente en el mercado para un preso de las dimensiones del espacio en litigio, cuya extensión es de mil metros cuadrados.
Por lo tanto, la defensa legal promovió un amparo que fue resuelto a su favor, al comprobarse que las notificaciones del juicio se realizaron cuando los supuestos deudores ya habían fallecido, lo que invalidó el procedimiento.
Pese a este avance, el litigio continúa, y ha demorado más de seis años en tener una resolución ya que la parte contraria interpuso un recurso de revisión. Paralelamente, la familia presentó denuncias por falsificación de documentos y promovió una demanda de inexistencia del supuesto poder notarial, así como su cancelación en el Registro Público, donde aparece inscrito sin respaldo físico.
El terreno en disputa tiene un valor estimado entre 3.5 y 4.5 millones de pesos, lo cual, los afectados aseguran es herencia de su familia desde hace más de cien años y señalan que tienen en su poder las escrituras originales. Sin embargo, actualmente este espacio continúa en posesión de quienes son señalados como responsables, quienes incluso han intentado venderlo pese a que existe un litigio en curso.
Además, la señora Petra Daniel Ortega, quien se dice propietaria legítima por herencia de su esposo, señala que la gasera que opera en el inmueble sigue en funcionamiento a pesar de que el espacio no cuenta con los permisos pertinentes, por lo que la defensa legal solicitó a las autoridades municipales verificar si cuenta con los permisos correspondientes, considerando que la posesión del inmueble está bajo cuestionamiento jurídico.
Además de ello, la señora Petra, pide a las autoridades estatales que se les brinde seguridad pues asegura, que el presunto responsable se jacta de contar con influencias políticas y de haber trabajado como agente ministerial, lo que, a su consideración, ha derivado en retrasos y posibles obstáculos dentro de los procesos legales; y lo que hoy preocupa a fu familia, pues temen por su seguridad en la búsqueda de justicia.
Ante esta situación, la familia hizo un llamado al Gobierno de Puebla para garantizar que las investigaciones avancen sin interferencias, se dé seguimiento a las denuncias penales y se asegure el inmueble para evitar una posible venta irregular mientras continúa el litigio.
Finalmente, el abogado subrayó que el caso podría evidenciar una red de irregularidades, ya que el uso de una notaría fuera del municipio para gestionar documentos de este tipo, específicamente en Tepeaca, representa un indicio adicional de posibles anomalías en el proceso.
BTO
