En México, uno de cada tres padres de familia gasta entre 2 mil uno y 5 mil pesos mensuales por estudiante en la escuela pública, lo que evidencia la carga económica de las familias en materia educativa, sobre todo si se compara con el salario mínimo mensual en México, de alrededor de 8 mil 360 pesos, arrojó la Encuesta ECR-Áltica 2025.
El ejercicio realizado por la organización Educación con Rumbo junto con la Encuestadora Áltica Research, también expuso que siete de cada 10 padres afirman que las suspensiones afectan el aprendizaje de sus hijos y dos de cada tres reconocen que generan problemas en su dinámica laboral y familiar. El 41 por ciento reportó entre uno y dos suspensiones por mes, principalmente por consejos técnicos (37 por ciento), días festivos (11 por ciento) y ausencias de docentes (10 por ciento).
En conferencia de prensa, Educación con Rumbo explicó que, ante la falta de datos duros, la desaparición de instituciones como Mejoredu y la reducción de información por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ejecutó junto con la Encuestadora Áltica Research un instrumento nacional en el que consultó a 600 padres y madres de familia con estudiantes en escuela pública y particular, a fin de conocer su percepción sobre el Sistema Educativo Nacional.
Calendario escolar no responde a las necesidades de las familias
De acuerdo con los resultados de la Encuesta ECR-Áltica 2025, para las madres y padres de familia existe un calendario escolar lleno de suspensiones que no responden a las necesidades reales de las familias, además perciben que las decisiones educativas carecen de transparencia y que sus opiniones rara vez son tomadas en cuenta.
Por ejemplo, los padres consultados manifestaron que la organización del calendario escolar debe tomar en cuenta la opinión y situación de los padres y madres de familia, pues las suspensiones recurrentes y los periodos prolongados de vacaciones afectan la dinámica familiar y laboral, en especial a las madres trabajadoras, sin garantizar mejores condiciones de protección, ni de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes.
Familias desean una mayor participación en decisiones escolares
Aunque el 65 por ciento de los encuestados percibió la existencia de mecanismos de participación, menos de la mitad, 58 por ciento, señaló que exista un Consejo de Participación Escolar en la escuela de sus hijos e hijas. Además, 4 de cada 10 cree que su opinión no es tomada en cuenta por directivos y maestros.
“Lo que podría indicar la posibilidad de problemas de difusión o valoración del principal mecanismo de participación de los padres en las escuelas de sus hijos”, indicó Paulina Amozurrutia, directora general de Educación con Rumbo.
La encuesta también presentó que siete de cada 10 padres destacan que la relación con los maestros influye directamente en el aprendizaje; ocho de cada 10 reconocen como positiva la relación de su hija o hijo con sus profesores.
Ante este panorama, Amozurrutia advirtió que la comunidad educativa no está pidiendo privilegios, sino condiciones mínimas de justicia y transparencia para garantizar condiciones eficientes que les permitan participar en la educación de sus hijas e hijos y asegurar que cada niña y niño tenga acceso a una educación de calidad, tal como lo tutela la Constitución y Tratados Internacionales.
“La desaparición de organismos como Mejoredu profundiza la opacidad en la política educativa. Los datos reflejan que las familias quieren participar más y mejor, pero necesitan canales efectivos, horarios compatibles con su vida laboral y que sus opiniones sean tomadas en cuenta”.
Desde Educación con Rumbo exigimos a la Secretaria de Educación instalar y acompañar al Consejo Nacional, así como los estatales, municipales y escolares, como lo mandata la ley. Madres, padres y docentes coinciden en lo esencial: la educación requiere certezas, respeto a la gratuidad, reducción de suspensiones y una mayor apertura de la SEP al diálogo social”, expresó.
IYC
