En una denuncia presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los diputados federales Éctor Jaime Ramírez Barba y Alan Sahir Márquez Becerra, integrantes de la LXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, han señalado con grave preocupación la gestión del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), el cual se encuentra bajo la administración de IMSS Bienestar desde octubre de 2023.
La denuncia expone que la casi total inoperatividad del HRAEB, derivada de un sistemático subejercicio de recursos, ha tenido un impacto negativo no solo en la salud de miles de pacientes, sino también en el gasto público, lo que constituye una violación a la ley y a los derechos de la población.

A pesar de contar con una infraestructura moderna y recursos federales destinados a la operación del hospital, el HRAEB ha estado operando a un 30% de su capacidad desde hace al menos seis años. La institución, que en el pasado fue un referente de la atención de alta especialidad en México, actualmente apenas utiliza 184 camas, de las cuales solo un 30% está ocupada, según datos oficiales.
Este subejercicio ha sido especialmente crítico desde su incorporación al esquema de IMSS Bienestar en octubre de 2023. La denuncia precisa que la ocupación hospitalaria cayó dramáticamente del 59.8% en 2018 a solo 40.3% en 2024, con una estimación de apenas 30.45% para 2025. Esta inoperatividad no solo refleja un problema de gestión, sino también un desperdicio de recursos públicos que podrían haberse utilizado para salvar vidas.
La reducción de servicios médicos en el HRAEB ha tenido consecuencias dramáticas para la salud de miles de pacientes. Según los datos de la denuncia, el número de pacientes atendidos cayó de 15 mil 619 en 2018 a una estimación de solo 3 mil 500 en 2025. Asimismo, la cantidad de procedimientos quirúrgicos ha descendido de 5 mil 496 en 2018 a mil 790 en 2025, mientras que los trasplantes pasaron de 146 a solo 26 en el mismo periodo.
La consecuencia de esta falta de atención es clara: miles de personas que padecen enfermedades graves como cáncer, infartos y enfermedades raras, se han visto obligadas a buscar atención en hospitales que ya están colapsados. Esta situación ha generado largas listas de espera, lo que agrava aún más la crisis de salud en la región.

La denuncia también subraya que los recursos federales asignados al HRAEB no han sido utilizados de manera eficiente. El presupuesto destinado para la compra de insumos médicos, medicamentos y equipos necesarios para realizar procedimientos de alta especialidad no ha sido ejecutado adecuadamente, lo que impide que el hospital cumpla con su misión de atender enfermedades graves y complejas.
El subejercicio de estos recursos ha generado una grave irresponsabilidad administrativa, con consecuencias negativas tanto para los pacientes como para el erario público. De acuerdo con la denuncia, los fondos públicos asignados para la operación del hospital podrían estar siendo malversados o desviados, lo que abre la puerta a posibles actos de corrupción.
La transición del HRAEB al esquema de IMSS Bienestar también ha tenido un impacto negativo en los derechos laborales de los profesionales de la salud. La falta de un proceso claro de asimilación o recontratación ha generado una fuga de talento, lo que ha afectado la calidad de los servicios prestados en el hospital. Muchos médicos y enfermeras han tenido que buscar empleo en otras instituciones debido a la incertidumbre laboral, lo que ha debilitado aún más la capacidad operativa del hospital.

Una de las principales irregularidades denunciadas se refiere a la adquisición de material de neurocirugía por más de 27 millones de pesos sin que hubiera médicos especialistas ni pacientes que justificaran dicha compra. Además, se habrían otorgado contratos de mantenimiento de equipos sin personal capacitado, lo que podría constituir una posible malversación de fondos o incluso colusión.
Ante esto, los diputados han solicitado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que se inicie un proceso de revisión de la gestión del HRAEB y de las autoridades responsables del IMSS Bienestar. Se espera que la Secretaría realice una investigación para identificar posibles violaciones a la ley, tanto en el manejo del presupuesto como en la operación del hospital, que podría resultar en responsabilidades administrativas e incluso en acciones penales si se determina que hay delitos cometidos.
Los legisladores exigieron que se tomen las medidas necesarias para garantizar que el derecho a la salud de la población sea respetado y que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente para cumplir con el propósito de los hospitales públicos en México.