En Jalisco, integrantes del colectivo Luz de Esperanza y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunciaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos minimizó los actos de tortura cometidos contra manifestantes durante una protesta en Guadalajara en marzo de 2023.
“Cuando nosotros nos encontrábamos exigiendo esta audiencia con la fiscal llegó la policía estatal al lugar, fue un grupo de choque para disolver la movilización. Nos empezaron a encapsular, a aventar, recibimos agresiones físicas, yo fui la más agredida”, explicó Liliana Meza, líder del Colectivo Luz de Esperanza.
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Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2023, durante una movilización afuera de la entonces Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. El colectivo exigía avances en la búsqueda de un familiar de una integrante del colectivo, cuando elementos de la corporación Ateneas encapsularon y agredieron a varias personas.
Una de las afectada fue Liliana Meza Gutiérrez, líder del colectivo, quien resultó con lesiones cervicales y señaló directamente a una de las policías involucradas. La agresión ocurrió frente a personal de la Fiscalía, que según testimonios observó sin intervenir.
“Tengo dos cervicales movidas que quizá me tienen que operar y no he podido seguir con este tratamiento, en la denuncia que se realiza a la policía Yaretsi Ortega es la persona que yo vi ya que ella sólo traía un cubrebocas, la mayoría tenían tapado el rostro”, explicó.
Ese día, el colectivo presentó la queja 844/2023 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Liliana fue evaluada bajo el Protocolo de Estambul, el cual resultó positivo; sin embargo, la Recomendación 028/2025 no reconoció los hechos como tortura.
Desde el CEPAD consideran que esta omisión constituye una forma de invisibilizar las violaciones graves a derechos humanos.
“No se trata simplemente de un uso desproporcionado de la fuerza, como lo pretendió hacer la comisión estatal de derechos humanos, ello a pesar de las amplias y varias pruebas que existen como certificados médicos, un peritaje basado en el protocolo de Estambul, videos del momento de los hechos y los testimonios de las víctimas. Este caso tiene un elemento adicional preocupante que la Comisión omitió en su investigación. La represión funcionó como una represalia por el ejercicio del derecho a la protesta social”, explicó Frida Hernández, abogada de CEPAD.
Por estas razones, el CEPAD y Liliana impugnaron la recomendación ante la CNDH, y exigen una nueva resolución que reconozca explícitamente la tortura y el derecho a la protesta.
Finalmente, organizaciones de derechos humanos señalaron que este caso forma parte de un patrón histórico de represión en el estado.
El colectivo insiste en que seguirá buscando justicia y que nombrará la tortura las veces que sea necesario hasta que la autoridad la reconozca.
MC
