La protección del medioambiente en México continúa avanzando, pues cada vez se aplican más procedimientos penales —que podrían terminar hasta en una pena de cárcel— contra conductas que generan un daño a los ecosistemas.
En el más reciente episodio del podcast Evolución Legal, los especialistas en derecho ambiental y penal debatieron sobre el alcance de estos delitos según lo que establece la ley, así como los retos a los que se enfrentan.
La conversación contó con las aportaciones de Lesly Valencia, socia de Valencia Asociados Abogados Penalistas; Norberto Valle, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU); así como los especialistas de Santamarina y Steta: Claudia Rodríguez, Larissa Salazar y Ana Laura González.
Los expertos coincidieron en que uno de los errores más comunes sobre este tema es pensar que sólo se imponen multas económicas por el daño ambiental.
"La responsabilidad ambiental en México opera por tres vías independientes: la administrativa, la penal y la responsabilidad ambiental para reparar el daño. Que una empresa pague una multa no significa que quede exenta de enfrentar un proceso penal, ni que deje de estar obligada a restaurar el ecosistema afectado", indicó.
El medioambiente es considerado un bien jurídico colectivo que está protegido por el Estado, por lo que cualquier daño trasciende el patrimonio de una empresa o una persona e impacta directamente a la población.
¿Cuáles son los delitos ambientales?
El Código Penal Federal identifica como delitos contra el medio ambiente a: la contaminación ilegal de aguas, suelos y atmósfera; el manejo indebido de residuos peligrosos; la tala ilegal; el cambio irregular de uso de suelo en terrenos forestales; el tráfico de especies silvestres; entre otras acciones que perjudican los ecosistemas protegidos.
Los especialistas explican que para ejercer acción penal se deben acreditar varios elementos, como que la actividad se haya ejecutado sin autorización o incumpliendo las condiciones establecidas por la autoridad, que exista un daño o un riesgo para el ambiente y que se haya cumplimentado con intención.
Para dejar en claro este punto, ejemplificaron con el caso de una empresa que vierte sus desechos industriales en un río sin los permisos requeridos, lo cual crea contaminación y mortandad de especies acuáticas; en ese sentido, no solo incumple la normativa, sino que también escala a un delito penal.
El procedimiento es el mismo con la tala ilegal en zonas protegidas, con la captura y tráfico de especies en peligro de extinción y, en general, con las actividades que amenacen la biodiversidad.
Destacaron que los delitos ambientales no solo abarcan los que reflejan una clara contaminación, ya que hay ilícitos ligados al:
- Manejo de sustancias peligrosas que representan un riesgo para la salud o los recursos naturales.
- Delitos forestales
- Tráfico de flora y fauna silvestre.
- Alteraciones a la biodiversidad y conductas que obstaculizan la vigilancia ambiental.
Para que un proyecto se desarrolle en terrenos forestales o vegetación natural, debe acreditar las autorizaciones previstas en la legislación ambiental, ya que incluso los ecosistemas como matorrales o selvas bajas cuentan con protección jurídica.
La protección del medio ambiente, en el ámbito legal, está coordinada con diversas autoridades:
- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): Realiza inspecciones, verifica el cumplimiento de la legislación ambiental y emite dictámenes técnicos que ayudan en las investigaciones.
- Ministerio Público (Fiscalía): En la comisión de un delito, la autoridad integra una carpeta, solicita peritajes especializados y judicializa el tema.
Los especialistas mencionaron que, entre los desafíos, aún se necesita fortalecer las capacidades de investigación, aumentar la coordinación entre autoridades y lograr el cumplimiento para prevenir daños irreversibles en los ecosistemas.
Asimismo, destacaron que la protección a la naturaleza garantiza el derecho constitucional a un ambiente sano y preserva el patrimonio natural para las siguientes generaciones.
PNMO
