Luego del ataque armado ocurrido en Salamanca, que dejó de manera preliminar 11 personas fallecidas y alrededor de 12 heridas, el presidente de Coparmex León, Michel Sojo Quiroz, señaló que hechos de esta magnitud obligan a redoblar esfuerzos y a no perder de vista que la seguridad es un trabajo permanente.
El líder empresarial reconoció que la estrategia CONFIA ha mostrado resultados positivos en el estado; sin embargo, subrayó que eventos como el ocurrido en una cancha cercana a los límites con Irapuato “nos ponen los pies sobre la tierra y nos recuerdan que la seguridad se construye día con día”.
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“Como sector empresarial estaremos siempre apoyando a las autoridades en materia de seguridad, pero también es importante señalar este tipo de circunstancias para ver qué procede y exigir que no haya impunidad… cada vida cuenta”, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), León.
Sojo Quiroz rechazó cualquier intento de minimizar los hechos bajo el argumento de que se trate de conflictos entre grupos criminales, al insistir en que todo homicidio debe ser condenado y perseguido, sin excepción.
“No debe haber ningún asesinato en nuestro estado; buscamos que la incidencia de homicidios dolosos sea cero”, puntualizó.
El presidente de Coparmex advirtió además sobre el crecimiento de la extorsión, delito que en 2025 aumentó en 20 de las 32 entidades del país, convirtiéndose en uno de los principales factores que afectan la actividad empresarial, destacó.
“La extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para las empresas, no es un fenómeno aislado, es una presión constante que impacta directamente en las decisiones de inversión”, señaló.
El líder empresarial detalló que, ante este panorama, las empresas han tenido que asumir costos adicionales en seguridad, desde adecuaciones en oficinas y bodegas hasta cambios en rutas de transporte, privilegiando trayectos más seguros, aunque sean menos eficientes, lo que termina encareciendo los productos al consumidor final. “Es un impuesto ilegal que están pagando los empresarios víctimas de este delito”, lamentó.
