A pesar de no estar regulados oficialmente, los mototaxis continúan siendo una alternativa de transporte indispensable en varios municipios del estado de Puebla. Estas unidades son triciclos motorizados o motocicletas de tres ruedas adaptadas con estructuras metálicas y toldos de lona, que recorren calles estrechas, caminos sin pavimentar y colonias marginadas donde el transporte público tradicional y regularizado no llega.
Su presencia, aunque polémica, responde a una necesidad real: conectar a poblaciones enteras para desplazarse hacia hogares, escuelas, mercados, centros de trabajo u otras vialidades, ofreciendo además un servicio accesible y de bajo costo.
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Un ejemplo claro de esta realidad se vive en La Resurrección, una junta auxiliar predominantemente indígena que pertenece a la capital poblana, donde los habitantes dependen de los mototaxis para desplazarse diariamente.
En algunas colonias de esta demarcación, como Benito Juárez, 2 de Marzo o Valle de las Flores, estas unidades operan todos los días, cubriendo la necesidad de un servicio convencional que simplemente no llega.
Para la señora Araceli, quien vive en la colonia 2 de Marzo, es difícil llegar a su hogar porque el transporte público la deja en la entrada principal del puente de Manzanilla, un lugar que puede ser peligroso a ciertas horas, y ya no entra a su colonia. Por ello, prefiere tomar un mototaxi y pagar 30 pesos, ya que la entrada es de difícil acceso.
Aunque operan fuera del marco legal, los mototaxis se han consolidado como un elemento clave de la movilidad urbana. La ilegalidad radica en que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) estatal no ha emitido ninguna concesión para que presten servicio, y las autoridades realizan operativos esporádicos para retirarlos y sancionarlos. Aunque existen estudios para determinar si son viables en zonas específicas, su operación actual se considera clandestina.
Alternativa de trabajo
Domingo Valero, conductor de este tipo de vehículo con tres años de experiencia en La Resurrección, cuenta que su jornada inicia a las seis de la mañana y concluye cerca de las 8:30 de la noche.
“Aquí el camión no entra a todas las colonias y la gente necesita llegar a sus casas. Nosotros hacemos recorridos de dos o tres kilómetros, a veces más, y cobramos desde 30 hasta 60 pesos, según la distancia. Lo más importante es que la gente nos tiene confianza porque somos vecinos y conocemos bien las colonias”, explica.
Domingo señala que, tras la pandemia, muchos se quedaron sin trabajo y encontraron en el mototaxi una forma de subsistencia. Actualmente, el grupo al que pertenece opera con 170 unidades registradas de manera informal en la zona y han solicitado al gobierno limitar su número a un máximo de 200, como parte de un intento por autorregularse.
Asegura que los mototaxistas están dispuestos a regularizarse, incluso a cambiar sus unidades por modelos eléctricos de cuatro ruedas, siempre y cuando haya un esquema de financiamiento accesible y una mesa de diálogo con las autoridades.
“Cada mes invierto mil pesos en mantenimiento para el mototaxi, una unidad que cuesta entre 35 y 40 mil pesos. Les damos mantenimiento, cambiamos aceite, balatas, llantas. Queremos regularizarnos, incluso ya vimos modelos eléctricos, pero necesitamos financiamiento y, sobre todo, diálogo”, detalla.
Necesidad social
En entrevista, Zeus Rodrigo Manuel Moreno Cortés, coordinador de la Maestría en Hábitat y Equidad Socio-Territorial y del Doctorado en Hábitat y Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana Puebla, explicó que este tipo de transporte ha surgido como respuesta a una necesidad urgente.
“En pequeñas comunidades o ciudades, los mototaxis representan una opción económica, flexible y eficiente para trayectos cortos. Muchas veces, las rutas de camiones no existen o no entran a las zonas más alejadas, y los taxis son demasiado costosos”, señala.
Moreno Cortés añade que este servicio permite un modelo de transporte colectivo informal, similar al carpool, mucho más accesible para familias que llevan a sus hijos a la escuela o personas mayores que necesitan llegar a su casa después de bajarse del transporte público en zonas centrales.
Aunque el servicio sigue siendo ilegal, el académico indica que el primer paso es reconocer su existencia y su función social.
“Debe haber un diálogo abierto entre autoridades, transportistas, usuarios y académicos. No podemos imponer regulaciones sin entender primero la necesidad que están resolviendo estos vehículos”, subraya.
Asimismo, propone que una eventual regulación incluya licencias diferenciadas, medidas de seguridad básicas como cinturones, cascos o seguros, y restricciones claras de operación en ciertas zonas, sin que el costo supere el valor del propio vehículo.
El problema de fondo, señala Moreno Cortés, es que la responsabilidad de la movilidad está dividida: mientras el gobierno estatal regula el transporte público, los municipios deben garantizar calles transitables, banquetas seguras y paraderos adecuados. Esa falta de coordinación ha generado un vacío legal y operativo que los mototaxis han llenado.
“No es que las leyes estén mal, es que la realidad las rebasó”, afirma.
Para él, la clave está en construir puentes de diálogo, entender las dinámicas locales y proponer soluciones que reconozcan el derecho a la movilidad sin criminalizar a quienes han encontrado en los mototaxis una forma de sobrevivir.
Hacia un nuevo modelo
De acuerdo con un censo realizado por la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado, actualmente existen 5 mil 764 mototaxis operando en 85 municipios, principalmente en Coronango, Acatzingo, Chietla, Atempan y Chiautla, mientras que en otros 132 no se han reportado unidades.
En estas comunidades, las unidades son fáciles de identificar porque cada una solo tiene un toldo o lona blanca, y el vehículo puede ser verde, rojo, blanco, azul o amarillo.
“Este tipo de transporte no está permitido por la ley, representa un riesgo para los usuarios y no puede operar entre municipios ni sobre carreteras estatales. Por eso, hemos pedido a los presidentes municipales que no promuevan ni permitan su crecimiento”, declaró Silvia Tanús Osorio, titular de la Secretaría, durante una conferencia en agosto pasado.
Sin embargo, la funcionaria también señaló que ya se trabaja en un diagnóstico estatal y se planean programas regionales de movilidad enfocados en brindar alternativas más seguras a las comunidades.
Uno de los principales obstáculos es la falta de seguros viables para este tipo de transporte, ya que las aseguradoras no ofrecen pólizas debido al alto nivel de riesgo y las características irregulares de las unidades.
El gobierno estatal no ha descartado por completo su posible regulación; no obstante, aún es un tema que continúa en estudio.
Estigma innegable
El 13 de febrero de 2021, en la colonia Tilostoc, de la junta auxiliar de La Resurrección, un mototaxi perdió el control y se estrelló contra una barda. Murieron tres personas: el chofer, una pasajera de 54 años y su hija de cuatro.
El 26 de mayo de 2025, en la lateral de la autopista México-Puebla, en San Miguel Xoxtla, una camioneta cargada con cilindros de gas LP chocó contra un mototaxi que intentaba incorporarse. Tanto el chofer como un pasajero resultaron gravemente lesionados.
El 3 de octubre de 2025, en el Camino de Tochimizolco a San Juan Amecac, se registró una volcadura de mototaxi cuando el conductor perdió el control en un camino de terracería; las dos usuarias que transportaba presentaron lesiones graves.
En el barrio de San Miguel, municipio de Acatzingo, un mototaxi impactó a una motocicleta. El motociclista, de 24 años, salió proyectado 14 metros y murió horas después en el hospital a causa de las fracturas sufridas.
Persecución y normatividad
En el estado de Puebla, la proliferación de estos vehículos se dio previo a la llegada del panista Rafael Moreno Valle a la titularidad del Poder Ejecutivo. El entonces gobernador no solo prohibió su operación de manera definitiva, sino que los persiguió con la fuerza del Estado, desplegando operativos de la Policía Estatal en coordinación con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Durante los primeros años de aquel sexenio se volvieron comunes los enfrentamientos entre autoridades y operadores de mototaxis en diversos municipios, como Acatzingo, Coronango y Santa Isabel Cholula, donde se registraron hechos violentos con la dispersión de inconformes mediante toletazos y gases lacrimógenos.
Aunque se entablaron algunas mesas de negociación, nada se pudo hacer para regular el servicio. El único atenuante fue el impulso de un programa para sustituir mototaxis por autos, iniciativa que fracasó en su primer intento en 2012, pero que fue retomada en 2014 con la inversión de más de 3 millones de pesos por parte del gobierno estatal, para entregar 100 taxis nuevos en cinco municipios. La medida tuvo resultados mixtos y fue criticada.
El tema de la regularización se fue diluyendo con el tiempo, y los sucesores de Moreno Valle optaron por no reavivarlo ni emprender operativos de gran escala.
Fue hasta 2019, con el inicio de la administración de Miguel Barbosa Huerta, cuando se retomó el tema. El morenista mandó incluir la figura de los mototaxis dentro del nuevo Reglamento de la Ley de Transporte, aunque en la práctica no fueron autorizados oficialmente. Se mantuvo una postura restrictiva hacia el servicio, reconociendo su existencia en ciertas comunidades pero negándose a una legalización masiva que, según el entonces mandatario, agravaría el desorden en el transporte público.
Fue específicamente el artículo 194 del mencionado reglamento donde se insertó un apartado que abría la posibilidad de otorgar permisos a estos vehículos, siempre y cuando cumplieran los mismos requisitos que los taxis tradicionales.
Con ello se dio un primer paso hacia su eventual regularización tras años de operar en la ilegalidad. Sin embargo, el oriundo de Zinacatepec dejó claro que su gobierno no tenía la intención de emitir permisos y que los mototaxis continuarían fuera de la ley.
En el límite de la legalidad
Pese a las restricciones y la falta de reconocimiento legal, los mototaxis siguieron circulando en distintas zonas del estado. En municipios como Puebla, Amozoc, San Andrés Cholula, Huaquechula, Xoxtla y Huejotzingo, este servicio se mantiene activo, principalmente por la alta demanda en colonias y comunidades donde el transporte público es insuficiente y personas como Araceli siguen necesitando llegar a casa en la noche o bajo la lluvia.
Por ahora, los mototaxis siguen en una zona gris: operan sin permisos, pero con la tolerancia tácita de las autoridades. A pesar de no contar con autorización oficial, continúan siendo una alternativa de transporte rápido y accesible. Su presencia, aunque informal, responde a una necesidad real que no ha sido completamente atendida por el sistema de transporte público convencional.
Será responsabilidad de las autoridades evaluar si este servicio debe ser regulado y formalizado, considerando tanto la demanda ciudadana como los aspectos de seguridad, legalidad y orden urbano.
AAC
